La Justicia riojana confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva de los ocho policías acusados de la muerte del cadete Emanuel Garay y las lesiones gravísimas a otros 15 aspirantes, ocurridas en febrero durante un entrenamiento en la Escuela de la fuerza, informaron fuentes judiciales.
Por su parte, el defensor de varios de los imputados presentó casi en paralelo un pedido de juicio político contra el juez de la causa, Mario Martínez.
Según las fuentes, la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, integrada únicamente por la magistrada Sara López Douglas, resolvió que los ocho policías, entre ellos comisarios y oficiales, sigan presos por el "homicidio calificado" de Garay, 15 casos de "lesiones gravísimas calificadas" y "violación a los deberes de funcionario público por ejercicio abusivo de la autoridad".
Esta medida recayó sobre los imputados Dardo Gordillo, Ramón Leguiza, Jorge Leguiza, Adriana Rodríguez, Nadia Bravo, Elio Marcial, Ivana Luna y Marcos Miranda, a quienes se les dictó la prisión preventiva en marzo pasado.
"No se advierte de parte del magistrado instructor (por Martínez) una violación a la garantía del debido proceso y a la defensa en juicio, como así también en relación a la apelación de la prisión preventiva, ya que no es materia del recurso de apelación en esta instancia el pedido formulado por ser parte de los instrumentos que el código de procedimientos prevé a tal fin", sostuvo la jueza.
López Douglas consideró que esta etapa procesal "es meramente preparatoria, siendo que allí no se juzga definitivamente a nadie; sólo es necesario un formal y serio grado de probabilidad respecto a la participación de los imputados como supuestos autores de la producción del hecho objeto de este proceso".
Para la jueza, los argumentos presentados en el recurso de apelación de los defensores particulares Raúl Vidable y Enrique Leiva contra el fallo del magistrado Martínez "son de carácter genéricos y no son adecuados".
En tanto, el abogado Vidable se presentó ayer en el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político de Martínez y adelantó que en los próximos días realizará una denuncia penal por el "abuso que cometió al dictar la prisión preventiva" de sus defendidos.
A raíz de este hecho, el gobernador riojano Sergio Casas dispuso que la Escuela de Policía pase a depender del Ministerio de Educación, mientras que fueron removidos de sus respectivos cargos el entonces secretario Angulo y el jefe de la fuerza Páez.
A su vez, familiares y amigos de Garay y de otros cadetes lesionados realizaron varias marchas en reclamo de justicia y denunciaron maltratos en los entrenamientos durante el ingreso a la Policía.
El Ejecutivo presentó un proyecto para habilitar las apps de movilidad, pero los choferes del servicio público advierten que colapsará el tránsito ante la proliferación de conductores y autos en estas plataformas
Por Matías Petisce
Por Elbio Evangeliste
