Un juez de Río Negro declaró ayer responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público al ginecólogo Leandro Rodriguez Lastra por no realizar un aborto no punible a una joven de 19 años violada y embarazada por un familiar en 2017 en la ciudad de Cipolletti, quién permaneció internada en un hospital hasta el momento de parir.
Según la ley rionegrina 4796, para la interrupción legal del embarazo sólo se requiere de una declaración jurada de la mujer violada y embarazada contra su voluntad.
Fuentes judiciales dijeron que Rodríguez Lastra no pasaría tiempo tras las rejas, ya que "le correspondería desde un mes hasta dos años de prisión en suspenso y el doble del tiempo en inhabilitación para ejercer la profesión".
El juicio comenzó el 13 de mayo pasado, tuvo tres audiencias testimoniales y una de alegatos. El propio ginecólogo abrió y cerró el debate con sus palabras, mientras que la víctima declaró como testigo en la primera audiencia y a puertas cerradas.
El juez Alvaro Meynet dictaminó ayer en contra del acusado y argumentó las circunstancias en las que un aborto se considera no punible según el artículo 86 del Código Penal y la ley provincial, resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscripto en el registro de objetores de conciencia, y consideró que no hubo violencia obstétrica contra la víctima cuando le suministraron medicación contra su voluntad.
Para el fiscal Santiago Márquez Gauna, el ginecólogo no respetó el deseo de la víctima y se negó a realizar la práctica del aborto que está reglamentada en las leyes rionegrinas, porque no le creyó a la víctima cuando dijo que había sido violada, ni tampoco lo hizo con las profesionales que se comunicaron con él.
La defensa del médico, a cargo de los abogados Damián Torres y Juan Pablo Chirinos, indicó que la responsabilidad fue de las médicas que atendieron a la víctima en el Hospital de Fernández Oro y que, básicamente, no existió un proceso abortivo, por lo que no habría podido revertirlo. Tras el fallo del juez, en la puerta de los tribunales el ginecólogo, junto a su mujer y su hijo, dijo que esperaba otro resultado y que "esto simplemente es un revés, y lo único que hace es mostrar la fuerza que tenemos".
"La Justicia es mucho más que esto que acaba de suceder; hay que aceptar este revés como lo que es", agregó y agradeció el acompañamiento de un grupo de vecinos autodenominados provida.
El caso ocurrió el 2 de abril de 2017, cuando la joven de 19 años que ya cursaba un aborto fue derivada del centro de salud de la localidad Fernández Oro cuando al Hospital Pedro Moguillansky, de Cipoletti, donde Rodríguez Lastra era por entonces jefe del servicio de Ginecología del hospital.
En su momento el médico contó que luego de evaluar el caso resolvió impedir que el aborto se produjera mediante la aplicación de medicamentos, accionando contrariamente a lo indicado por las reglamentaciones vigentes, con el objetivo de salvar la vida del niño.
La joven consumió de manera particular pastillas para provocarse un aborto, pero permaneció dos meses y medio internada en Cipolletti a la espera de la interrupción, que nunca llegó. Según expresó la legisladora Marta Milesi, autora de la ley rionegrina e impulsora de la denuncia, "la victima estuvo retenida contra su voluntad para que pueda dar a luz al bebé, sufrió un daño irreparable en su psiquis, que la llevó a cuadros graves de anorexia nerviosa e intentos de suicidio".
La joven fue sometida a una cesárea y el bebé fue dado en adopción de forma inmediata.
La víctima, que ya cuenta con 21 años, no participó de la lectura del veredicto por resguardo a su integridad física, ya que en el acceso a los tribunales cipoleños se agolparon militantes provida con pañuelos celestes y los que están a favor del aborto con pañuelos verdes.
La causa continúa con un segundo juicio de cesura, señalaron fuentes judiciales.
El nuevo debate sobre la pena que se va aplicar no tiene un plazo estipulado en el código sino que es fijado por la oficina judicial ante la agenda de los funcionarios intervinientes y la cantidad de los nuevos testigos convocados que intervendrían para declarar sobre las condiciones del médico.
Después de la evaluación, el juez decidirá qué pena le corresponde al ginecólogo acusado responsable, ya que le correspondería desde un mes hasta dos años de prisión en suspenso y el doble del tiempo en inhabilitación para ejercer la profesión. Luego se dictará la sentencia final.
Las fuentes aclararon que el debate se realizó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, más allá de que la causa esté vinculada a un hecho de abuso sexual, que tiene otra vía.
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