El gobierno reconoció ayer la polémica que desató el proyecto de ley del nombre impulsado por el Ejecutivo, que establece la obligatoriedad de sumar el apellido de la madre al del padre, pero insistió en reivindicar la iniciativa oficial al asegurar que se busca “mejorar la situación y la calidad de las personas”.
Aunque en tono conciliador, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, salió a enfrentar la postura de dos ex legisladoras kirchneristas Nora César y Ana Monayer, quienes tiempo atrás presentaron a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obliga a inscribir a los niños sólo con el apellido de la madre.
“La historia en Occidente es que todos llevemos el apellido del padre y lo que nosotros agregamos, en este caso, es el de la madre”, respondió Fernández. Explicó que, de aprobarse esta legislación, todos los padres que quieran ponerle los dos apellidos a los hijos que nacieron antes de esta norma (para que los datos filiatorios sean iguales a los hermanitos que nacen con posterioridad) podrán hacerlo.
“A quien le toca gobernar le corresponde abrir los canales y facilitar este trámite”, señaló el funcionario, y dijo no tener dudas que su sucesor en el Ministerio del Interior, Florencio Randazzo, “tomará todas las medidas para facilitar la inscripción de la mejor manera y hacer las cosas llanas de forma tal que esto no sea un contratiempo”.
Luego, Fernández admitió que “es cierto” que la diputada Monayer quien era la jefa del Registro Civil de Córdoba cuando se discutió el proyecto de ley del nombre “se oponía a esta propuesta”.
“Pero, bueno, es una decisión que tiene que tomar el obierno de la Nación y la decisión fue incorporar (la cuestión del apellido) de la manera que estoy comentando”, añadió.
La iniciativa forma parte del temario que incorporó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ser tratado en las sesiones extraordinarias de febrero.
La ex diputada Monayer explicó que su iniciativa, que obliga inscribir a los niños solo con el nombre de la madre, contempla que “si luego se quiere, se adiciona el apellido del padre”.
“Yo estoy en contra de los dos apellidos”, manifestó la legisladora mandato cumplido que presidió la comisión de Legislación general, y sostuvo que “no es por una cuestión de género, sino por la integridad de la familia y el nexo coordinador, que es la madre”.
Ayer, el ministro Fernández insistió en defender el proyecto de su autoría, que tiene como objeto modificar la actual ley del nombre 18.248.
Discriminación. El funcionario reiteró la importancia de que la nueva iniciativa apunte a terminar con una “discriminación de género”, ya que no será obligatorio que las mujeres casadas adopten el apellido de su esposa anteponiendo la preposición “de”.
“Existe la posibilidad de que si el marido lo desea también lleve el apellido de su mujer. Son convenciones que tendrán que tratarse en su oportunidad”, precisó.
Fernández señaló que, pese a las discusiones, “lo que hicimos fue poner la cuestión a la altura de la situación en la que nos encontramos y siempre para mejorar la situación y la calidad de las personas”.
“También incorpora cosas muy importantes”, remarcó, como por ejemplo que si los padres no anotan a sus hijos recién nacidos en 40 días el Registro Civil lo hará de oficio.
El funcionario explicó: “El documento más importante que existe en la identificación del menor es el F1, que es cuando el médico dice «este hijo nace de esta señora y yo fui quien asistió el parto»”.
Fernández sostuvo que si bien “es posible que algunos partos no sean asistidos por médicos, en la realidad argentina es muy chiquito ese universo, la mayoría nace con un médico y lo que hacemos es que ese documento llegue a manos del Registro Civil que, llegado el caso, inscriba al niño de oficio”.
