Uno de los ejemplos más recientes de este proceso es la reforma de la Ley de Glaciares en nuestro país. Esta norma, sancionada en el año 2010 luego de un amplio proceso de participación y debate público, tenía como objetivo la protección y preservación de una fuente estratégica de agua dulce, como lo son los glaciares y el ambiente periglaciar. En ese momento, tan distinto al actual, uno de los argumentos que sustentaba la necesidad de esta ley de presupuestos mínimos era justamente el aumento de la temperatura a nivel global, los efectos del cambio climático sobre estos ecosistemas estratégicos y ciertas prácticas mineras sobre glaciares que estaban arrasando con algunas de esas geoformas.
A pesar de que este fenómeno climático se agudizó en los últimos años, el Gobierno presentó un proyecto de reforma que elimina el piso mínimo de protección de los glaciares y geoformas periglaciares, limitada ahora al cumplimiento de una función hídrica relevante, y otorga a las provincias la facultad de determinar qué glaciares proteger y cuáles no.
La aprobación de esta norma por parte del Congreso Nacional el pasado 8 de abril se convierte en el emblema de la desprotección ambiental impulsada por el gobierno de Javier Milei. El enfoque negacionista frente a la crisis ambiental y climática conduce al desmantelamiento de la gestión ambiental en el ámbito nacional, a partir del cual se destacan dos puntos: la desaparición del rol de la autoridad ambiental nacional, con la pérdida de competencias de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la reducción significativa de su presupuesto —implicando una caída real del 79,6% en comparación a 2023—; y la transferencia de facultades a las provincias, desplazando responsabilidades que, por mandato constitucional, corresponden al Estado nacional. La reforma de la Ley de Glaciares sintetiza y engloba estos dos procesos.
Dentro de este contexto profundamente adverso para la agenda ambiental y climática, ha surgido una ciudadanía organizada que reclama no solo participar, sino, sobre todo, proteger su derecho a vivir en un ambiente sano. Más de 100.000 personas se registraron para participar en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados. A pesar de que apenas 200 fueron autorizadas a hablar, este deseo masivo de participación nos muestra una ciudadanía dispuesta a movilizarse y tomar la palabra para defender el agua de nuestro país.
Esta ciudadanía organizada, que no fue debidamente escuchada en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, se masificó ante la justicia. Al momento de preparar este artículo, unas 800.000 personas ya adhirieron a lo que será la acción judicial y colectiva más grande de la historia.
Esto nos demuestra que la agenda ambiental y climática, eje estructural para la democracia, el cumplimiento de los derechos humanos y el desarrollo de un modelo justo e inclusivo, cuenta todavía con una base sólida sobre la cual sostenerse y construirse.
