En África también se sufre por el cambio climático

El continente africano no es la excepción en la lucha frente al cambio climático. Según los datos revelados por la Organización Meteorológica Mundial, el estrés hídrico y los peligros relacionados con el agua, como las sequías o las inundaciones devastadoras, golpean duramente los ecosistemas y las economías africanas.

En la actualidad es un hecho que los regímenes de precipitaciones están viéndose alterados, los glaciares están desapareciendo y los grandes lagos se están reduciendo. El aumento de la demanda de agua, unido a un suministro limitado e impredecible, amenaza hoy en día con exacerbar los conflictos y los desplazamientos en la región.

Por su parte, el informe Estado del Clima en África 2021, muestra cómo los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático socavan la salud y la seguridad humanas, la seguridad alimentaria e hídrica y el desarrollo socioeconómico. Actualmente se puede afirmar que, por ejemplo, existe poco debate sobre el hecho de que las selvas tropicales deben ser protegidas. Y es que no se lleva a consideración que tanto la deforestación como la degradación de las mismas son la segunda causa más importante del calentamiento global, responsables entonces de alrededor del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cabe destacar también que África representa sólo el 2-3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. No obstante, sufre desproporcionadamente sus resultados[1]. Dicha preocupación por la realidad actual de la región se vio reflejada en las declaraciones de los plenipotenciarios de la región y de un conjunto de países en vías de desarrollo, en la COP27 en Egipto, donde hace unos meses exigieron un mecanismo específico para cuantificar las “pérdidas y daños” provocadas por el cambio climático. Es claro, entonces, que los países africanos necesitan urgentemente de financiación para poder ser resilientes y adaptarse a los efectos devastadores de una crisis que ellos no han provocado.

En la actualidad, apenas el 40% de la población africana tiene acceso a sistemas de alerta temprana para protegerse de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y del cambio climático. En este contexto global, es correcto afirmar que el cambio climático no ha sido, ni es solo ahora, un problema equitativo, porque las personas más pobres del mundo son las que menos contribuyen a la acumulación de gases de efecto invernadero y son, a su vez, las menos preparadas para hacer frente a sus efectos negativos.

Un error común cuando se analiza la realidad de la República Democrática del Congo es pensar que el cambio climático no es una cuestión prioritaria, ya que se trata de un país devastado por años de guerra (dicho país ha soportado casi tres décadas de conflicto y fragilidad); sin embargo, los efectos del cambio climático amenazan tanto la seguridad alimentaria como el aumento de la violencia. En el Congo, sus consecuencias se pueden sufrir e identificar directamente: por ejemplo, en algunas regiones, el índice de precipitaciones es mucho menor que en otras épocas, lo que también repercute en la agricultura. Otro de sus efectos, es el calentamiento del agua del lago Tanganyika[2], que está reduciendo la presencia de algas, entre otras consecuencias, lo que a su vez provoca una disminución de las poblaciones de peces.

Es una realidad que el cambio climático puede provocar violencia. Un ejemplo se encuentra en el río Semliki, frontera natural entre el Congo y Uganda. Dicho afluente se ha estado desplazando debido a que la cima helada de la montaña Rwenzori se está derritiendo. Ello implica un desplazamiento de la frontera entre los dos países, lo que da lugar a conflictos de límites y de recursos, teniendo en cuenta que en el subsuelo de dicho territorio se encuentra una importante fuente de petróleo.

Otro de los problemas medioambientales a los que se enfrenta el Congo es lo que ocurre en la selva tropical de la Cuenca del Congo. Es un bosque que cubre una inmensa superficie con una gran variedad de especies. Sin embargo, preocupa su futuro considerado crítico para el dióxido de carbono (CO2), a medida que los agricultores y las empresas madereras se adentran en él. Por su superficie, es el segundo bosque tropical más grande del mundo, después del Amazonas. No obstante, es importante destacar, que actualmente se encuentra una estructura única en la región; una torre de flujo, de 25 metros de altura, la cual ha convertido la zona de Yangambi en un lugar experimental para combatir el calentamiento global y, al mismo tiempo, restaurar la biodiversidad. La torre es una estructura que permite cuantificar el intercambio de gases de efecto invernadero entre la atmósfera y el bosque. Esto lleva a calcular la cantidad de dióxido de carbono emitido y recogido por él.

En otras palabras, el Congo es un país con un inmenso recurso forestal, no obstante, es evidente que un Estado con tantas limitaciones económicas (con un Índice de Desarrollo Humano que lo deja en el puesto 149), precisa de inversiones e iniciativas de los países desarrollados como de las bancas financieras internacionales para poder hacerle frente. A su vez, es importante remarcar que la recolección de carbón se considera un motivo clave para la deforestación en dicho país, ya que es usado por la mayoría de la población para sus necesidades energéticas y, junto con la tala ilegal, contribuyen al cambio climático en la región en su conjunto. Así es que la Comisión Belga en el Congo, como forma de reducir la degradación del bosque más importante del país, el cual absorbe y almacena una cantidad significativa de dióxido de carbono (el gas más común de efecto invernadero); ha implementado la agroforestería, donde se acompaña y anima a las comunidades locales a plantar árboles, que no sólo fertilizan el suelo, sino que también producen energía. Además, los agricultores de la región comenzaron a utilizar técnicas de cultivo que causan menos daños, las cuales pretenden desalentar la tala industrial e ilegal, pero también la quema y la agricultura excesiva.

En los albores de este 2023, la República Democrática del Congo, junto a Brasil e Indonesia, han anunciado una alianza estratégica con el objetivo de coordinar acciones encaminadas a salvaguardar las selvas tropicales. No es casual que sean justamente estos tres países los impulsores de dichas negociaciones, ya que en conjunto albergan las selvas tropicales más grandes del planeta y el 52 por ciento de todas las existentes. El anuncio invita a pensar en que es una iniciativa positiva, aunque al mismo tiempo es una especie de déjà vu, ya que un año antes se había firmado un acuerdo parecido. No obstante, habrá que esperar para ver qué es lo que consiguen hacer en el marco de dicha alianza estratégica. Uno de los principales objetivos de la alianza es hablar como una única voz ante la comunidad internacional, con el fin de solicitar el financiamiento necesario para la reducción de la deforestación y un precio adecuado para obtener los llamados créditos de carbono, es decir, el «derecho a contaminar» negociado en el mercado internacional de comercio de emisiones de CO2.

El Congo y la plena seguridad

Cabe destacar que la República Democrática del Congo es un país con una rica historia de recursos naturales. Alberga toneladas de oro, diamantes, estaño y tantalio, además de la mitad de las reservas mundiales de cobalto y el 70% de las de coltán, esencial para la fabricación de cualquier aparato electrónico. Sin embargo, la riqueza mineral se identifica con una de las principales causas de violencia en el país.

Es el segundo más profundo del mundo después del Baikal, en Rusia, y quizá el más importante de África, ya que sirve de frontera a cuatro países: Tanzania, Burundi, Zambia y la República Democrática del Congo.

A pesar de la violencia generada por cuestiones económicas, las decenas de grupos armados que alimentan el conflicto existente acaban transformando entonces a la República Democrática del Congo en uno de los países más devastados y con más desplazados por la violencia y el saqueo (sin olvidar el porcentaje de población que integra a los desplazados por cuestiones climáticas, lo que acaba por transformar la situación del país en extremadamente crítica). El conflicto en dicho Estado se remonta a 25 años atrás, un país atestado de agencias humanitarias, cascos azules de la ONU y soldados congoleños, que se enfrenta a más de un centenar de grupos paramilitares e innumerables milicias comunitarias de autodefensa. Las Operaciones de Paz en la República Democrática del Congo se han llevado a cabo durante cinco períodos desde la década de 1990. Por esta razón, desde 1998, el este del país se encuentra completamente sumido en un conflicto que aún hoy sigue alimentado por las milicias rebeldes.

Como consecuencia de la guerra, más de 80.000 personas han huido de sus lugares de residencia desde que se reanudaron los combates en 2022. Muchos de ellos han sido desplazados internos, aunque otros han tenido que emigrar a Uganda, por ejemplo. Por ello, si se hace un análisis de la situación de la República Democrática del Congo, ésta se enfrenta a conflictos armados, sociales, económicos y, no menos importantes, climáticos, una combinación que deja al país en completa vulnerabilidad. Se puede considerar entonces, que la explotación o, mejor dicho, el dominio por la explotación de las riquezas minerales acaba siendo una de las principales motivaciones para la prolongación de los conflictos en todos los niveles, desde el táctico hasta el político, por lo que no es de extrañar que la principal zona de conflicto se sitúe en el este del país, donde se concentra, por ejemplo, el 80% de las reservas mundiales de coltán.

En resumen, el Congo es un país rico en recursos naturales, un país que en las últimas Conferencias de las Partes (COPs) se ha presentado como “país solución” para asegurar la proporcionalidad de recursos necesarios para enfrentar las complejidades que el cambio climático presenta a la comunidad internacional, pero con un déficit alimentario que deja al país en una situación de hambre "severa", según el Índice Global del Hambre 2017. Dicha inseguridad alimentaria se deriva de la baja productividad agrícola, la vulnerabilidad generalizada, una situación de conflicto sociopolítico recurrente y una grave desigualdad de género.

Se trata de un país que se enfrenta a altas tasas de desigualdad y pobreza, fuertes conflictos localizados desde hace décadas, inseguridad en la región, inestabilidad macroeconómica, altas tasas de malnutrición e inseguridad alimentaria. Además, es factible que el cambio climático siga agravando la inseguridad alimentaria existente y amenazando la estabilidad socioeconómica (si es que existe). Ocupar el puesto 45 entre los países más vulnerables al cambio climático y el 19 entre los menos dispuestos a movilizar inversiones para medidas de adaptación al cambio climático lo convierte en un país aún en situación crítica.