La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) es el compromiso formal que asume un país en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). No son solo metas técnicas ni compromisos abstractos ante la ONU en el marco del Acuerdo de París (2015), sino que es la señal que se envía al mundo sobre hacia dónde se dirige la matriz productiva de un país, qué tipo de desarrollo promueve y en qué medida tiene en cuenta la transición hacia un futuro bajo en emisiones de carbono.
Cada país define allí sus compromisos de mitigación, adaptación y su abordaje de pérdidas y daños. Estas contribuciones deben actualizarse cada cinco años y elevar progresivamente su nivel de ambición, en un mecanismo pensado para acercar las promesas nacionales al objetivo global de limitar el aumento de la temperatura promedio del planeta por debajo de los 2 °C.
En febrero del 2025 venció el plazo para presentar la nueva actualización de la NDC, con posibilidad de extenderse hasta diciembre. En el último ciclo, numerosos países cumplieron con ese mandato. Economías desarrolladas y emergentes presentaron o actualizaron sus NDC con metas más exigentes, incorporando mejoras metodológicas, nuevos sectores y señales claras hacia el financiamiento verde. En ese contexto, la expectativa sobre la posición argentina era alta, especialmente luego de los avances recientes en la firma de los acuerdos comerciales del Mercosur con la Unión Europea y la EFTA. Esos tratados, que buscan posicionar a la Argentina y la región en el comercio global, tienen al cuidado del ambiente como uno de sus ejes transversales. Una NDC actualizada y ambiciosa no sólo es coherente con esa estrategia, es casi una condición necesaria para que funcione.
Sin embargo, el proceso argentino estuvo lejos de ser lineal. En las semanas previas a la COP30 -la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-, realizada en noviembre de 2025 en Belém, Brasil, la Subsecretaría de Ambiente convocó a dos espacios de presentación de las metas a nivel nacional: el taller “Potenciando la acción climática en Argentina a través de la cooperación internacional” y la Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático. En ambos ámbitos se anticipó la presentación de la NDC 3.0 en el marco de la COP, pero esa presentación formal nunca ocurrió durante la conferencia.
De manera simultánea a la NDC 3.0, se dio a conocer la Tercera Comunicación de Adaptación (ADCOM 3), elaborada conforme a los lineamientos internacionales. Este informe detalla los principales riesgos y exposiciones frente al cambio climático, define las prioridades estratégicas del país y reconoce de forma explícita a las pérdidas y daños como el tercer eje de la política climática nacional.
Por otro lado, uno de los cambios más relevantes de esta nueva versión es el reconocimiento explícito de los mercados de carbono como una fuente adicional de financiamiento climático. En línea con el Artículo 6 del Acuerdo de París, Argentina manifiesta su intención de participar en mecanismos bilaterales, regionales o multilaterales de cooperación voluntaria, siempre que se garantice la integridad ambiental, social y económica. Este giro es clave, ya que habilita la venta de créditos de carbono a precios internacionales, superiores a los del mercado voluntario local, y puede mejorar la viabilidad financiera de proyectos de gran escala, con fuerte participación del sector privado.
En este marco, un grupo de organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se posicionó en un comunicado argumentando que, pese a las instancias mencionadas, el proceso careció de participación real, transparencia y enfoque federal. Según estos actores los encuentros se realizaron de manera virtual, con limitada posibilidad de intercambio, y sin convocar al Consejo Asesor Externo previsto en la Ley 27.520. En lugar de un documento oficial, se difundieron “resultados preliminares” y lineamientos generales de un compromiso climático que aún no fue comunicado formalmente a nivel internacional. Además, estas organizaciones criticaron las metas propuestas, y es que lejos de aumentar la ambición, la nueva versión flexibiliza los compromisos: el tope de emisiones se eleva de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (COe), fijado en 2021, a 375 millones para 2030 y 2035.
Desde el gobierno, la lectura es distinta. Según explicaron, la nueva contribución es “más ambiciosa” en términos metodológicos y de calidad de la información. Incorpora mejoras sustanciales, ya que amplía la cobertura territorial del 65 al 79 %, aumenta las categorías de emisiones reportadas de 146 a 162 y adopta nuevas métricas del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Estas modificaciones, sostienen, permiten una medición más completa y transparente. “Nuestra NDC muestra que Argentina está haciendo los deberes en política ambiental. La ambición debe ser siempre lo posible”, afirmó el Subsecretario de Ambiente Fernando Brom durante la presentación, que contó con más de 220 participantes de distintos sectores.
Sin embargo, el Círculo de Políticas Ambientales calificó la nueva NDC como un retroceso, señalando que elevar el techo de emisiones “corrompe un principio básico del Acuerdo de París: la buena fe”. Según el análisis de la organización, la nueva meta no solo es menos ambiciosa, sino que congela el nivel de compromiso entre 2030 y 2035, contradiciendo la lógica de revisión progresiva. En términos concretos, implica un aumento del 7,5% respecto de las metas anteriores.
A estas críticas se sumó una declaración institucional de peso: la del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). El organismo que reúne a Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, expresó su preocupación por la falta de una presentación oficial de la NDC. En una declaración formal, el COFEMA solicitó al gobierno nacional que comunique el documento correspondiente al ciclo 2025 para dar previsibilidad al federalismo climático y garantizar una representación técnica y ambientalmente sólida en las negociaciones internacionales.
Este documento condensa una preocupación común. Y es que, más allá de las diferencias partidarias que existen entre los gobiernos provinciales, hay un punto de consenso difícil de ignorar: la NDC no es un mero compromiso ambiental, sino que es la llave de acceso al financiamiento climático internacional. Este último es necesario para poder concretar proyectos de políticas públicas en cartera de los distintos gobiernos subnacionales. Fondos de organismos internacionales utilizan las NDC como referencia central para evaluar si los proyectos presentados están alineados con las prioridades nacionales. Sin una NDC clara, oficial y consensuada, se debilita la capacidad del país para atraer recursos, inversiones y cooperación internacional.
En un contexto en el que la Argentina busca posicionarse globalmente, avanzar en acuerdos comerciales estratégicos y recuperar credibilidad, la definición de su compromiso climático no puede quedar en una zona gris. La presentación formal de las Contribuciones y su coherencia con una estrategia de desarrollo sostenible serán determinantes para demostrar la voluntad de estar a la altura de las exigencias globales. Solo así podrá insertarse en el mundo bajo reglas claras, previsibilidad y una visión de desarrollo acorde a los desafíos del siglo XXI.
