Violenta operación policial en una favela de Río de Janeiro deja 25 muertos

Una operación contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó 25 muertos. Es la operación policial más letal de la historia de Río, según el portal G1-Globo. Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron el abuso del poder letal de parte de los policías, mientras la fuerza defendió la actuación de los uniformados.

La incursión de la Policía Civil (municipal) se produjo para investigar la captación de menores por parte de la mayor organización de narcotráfico del estado, el Comando Vermelho. Sin embargo, aunque es claro que el objetivo de los policías eran los narcotraficantes, hay dudas de que los 24 fallecidos sean todos delincuentes caídos en el intercambio de fuego con la policía. Hubo, por ejemplo, dos heridos en el Metro, así que se sospecha que entre los fallecidos puede haber inocentes, o bien “narcos” que se hayan rendido a la policía. Un dato avala esta sospecha: el enfrentamiento escaló cuando los narcos mataron a un policía de un tiro en la cabeza. El choque armado tuvo lugar en la favela de Jacarezinho, en la zona Norte de Río.

  Videos grabados por personas que se encontraban en el transporte público recogen el estampido de los disparos y explosiones de bombas en diversos puntos de la favela, así como cadáveres en el suelo y allanamientos de viviendas.

 Según la policía, la operacióninvestigaba el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para llevar a cabo actos delictivos, como asesinatos, robos y secuestros. Según la Policía, el narcotráfico en esta zona adopta “tácticas de guerrilla”, incluido el uso de armas pesadas y soldados uniformados. La policía exhibió un impresionante arsenal de armas de guerra incautadas luego del operativo. Se observaban fusiles de asalto de tipo militar y granadas de mano.

Jacarezinho está considerada la base del Comando Vermelho. La favela está llena de callejones y barricadas instaladas por los delincuentes, lo que dificulta el acceso de vehículos blindados.

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  Según una encuesta realizada por G1-Globo, con información del Grupo de Estudio de los Nuevos Ilegalismos (Geni) de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y de la plataforma Fogo Cruzado, la de ayer fue la operación más cruenta en la historia de Río de Janeiro, según registros que llegan a 1993.

Uno de los abatidos fue André Leonardo de Mello Frías, policía civil del Departamento de Control de Drogas (Dcod). La Policía Civil dice que los otros 24 muertos eran miembros del crimen organizado, pero no reveló sus identidades ni detalló las circunstancias en las que fueron abatidos.

El delegado de la Policía, Ronaldo Oliveira, negó que haya habido una ejecución. “Para que quede muy claro: quien no reaccionó, fue detenido. O fueron detenidos o huyeron”, remarcó. El sociólogo Daniel Hirata, del Geni/UFF, calificó la operación de “inaceptable” y dice que es más grave que anteriores “masacres”, como las de Baixada Fluminense, en 2005, o Vigário Geral, en 1993, siempre en Río de Janeiro.”Fue la operación más letal que aparece en nuestra base de datos, no hay manera de calificarla de otra manera que no sea una operación desastrosa. Es una acción autorizada por las autoridades policiales, lo que hace que la situación sea mucho más grave”.

La Policía Civil dijo que realizó la operación luego que comunicó la acción al Ministerio Público, según lo determinado por el Tribunal Supremo (STF). Desde junio del año pasado, el STF suspendió las operaciones en las barriadas durante la pandemia. La decisión permite actuar sólo en “hipótesis absolutamente excepcionales”, advirtiendo al Ministerio Público. “Tenemos una cadena de responsabilidades que hay que determinar. Se trata de una operación policial, un caso muy grave de violencia de estado”, señala el Geni. Tomó actuación en el caso la Defensoría del Pueblo de Río, desde el inicio mismo de los hechos. “La institución se encuentra en el lugar, a través de su Defensoría y del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos, escuchando a los residentes e investigando las circunstancias de la operación, para evaluar las medidas a adoptar. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de todas las víctimas de esta tragedia que ha golpeado a nuestro estado”, dijo la Defensoría en un comunicado.