El independentismo catalán hizo ayer otra demostración de fuerza con un acto que aglutinó al gobierno de la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona y a los más de 700 alcaldes que fueron citados a declarar como investigados por apoyar el referéndum soberanista unilateral del 1º de octubre, prohibido por la Justicia.
Tanto el jefe del Ejecutivo regional de Cataluña, Carles Puigdemont, como la alcaldesa de izquierda de Barcelona (1,6 millón de habitantes), Ada Colau, recibieron a los regidores públicos mientras varios miles de personas los apoyaban en la calle con banderas independentistas ("estelades") al grito de "votaremos".
El acto tuvo lugar después de que más de 700 alcaldes catalanes (de los 948 de la región) fueran citados por la Fiscalía para declarar como investigados bajo amenaza de detención por haber firmado decretos a favor del referéndum del 1º de octubre, impulsado por el gobierno catalán y considerado ilegal por el Ejecutivo español. "El día 1º votaremos no sólo porque tenemos derecho y es legal, sino porque, escuchando al pueblo de Cataluña, nos dice: «Queremos votar»", dijo ayer Puigdemont tras recibir a los alcaldes pro-referéndum. "Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña. Que no subestimen la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir y de plantarse ante un comportamiento antidemocrático", añadió. Los alcaldes favorables a la consulta denunciaron ser víctimas de una "persecución judicial" de Madrid por sus manifestaciones políticas. "Es un atentado a la democracia y un ataque al derecho básico de la libertad de expresión", dijo la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
Por otra parte, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, insistió en que el referéndum del 1º de octubre "no se va a celebrar porque liquida la voluntad de la mayoría de los españoles". "Las cosas volverán pronto a su cauce y me gustaría que fuera por un acto voluntario de quienes han organizado el espectáculo que estamos viendo", dijo en Santiago de Compostela. La investigación de los alcaldes que apoyan la consulta soberanista es uno de los pasos que en los últimos días ha dado Estado español para tratar de impedirla.
El gobierno de Puigdemont la convocó el 7 de septiembre y un día después la convocatoria fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional español, que admitió a trámite un recurso interpuesto por el gobierno español de Mariano Rajoy. En virtud de esta suspensión, la Fiscalía ordenó a las fuerzas de seguridad actuar contra cualquier acción dirigida a la preparación del referéndum y requisar los materiales destinados a su celebración. El viernes, la Guardia Civil se incautó en Barcelona de más de 100.000 carteles de propaganda de la consulta y ayer requisó las planchas destinadas a la elaboración de los pasquines así como la destinada a publicitar el "sí" en la votación.
Intervencionismo
El gobierno de Rajoy decidió, además, poner en marcha un mecanismo para asumir los pagos de Cataluña e impedir así que se usen fondos públicos para organizar la consulta. La prensa interpretó la medida como una intervención "de facto" de las cuentas catalanas. La incertidumbre continúa a 15 días de la fecha fijada para la celebración del referéndum. El gobierno español asegura que no tendrá lugar mientras los independentistas continúan con sus planes. Poco después de que Puigdemont abriera del jueves al viernes la campaña de la consulta unilateral, se difundió una misiva de los impulsores de la consulta a Rajoy y al rey Felipe VI para pedir la negociación de una votación pactada, pero el gobierno español insiste en que solo dialogará en el marco de la ley. El viernes en Barcelona, Rajoy había llamado a su vez a los separatistas a que "no subestimen la fuerza de la democracia española". "No somos delincuentes", repetían muchos alcaldes. "Hace infinidad de años que los catalanes reclaman más poder, sobre todo en el tema fiscal", dijo Josep Sole, el alcalde de 74 años de La Maso (300 habitantes), integrante de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
Los separatistas son mayoría en el Parlamento regional desde 2015, pero la sociedad catalana se muestra muy dividida ante la independencia, según los sondeos. En las elecciones regionales de septiembre de 2015, los partidos independentistas obtuvieron el 47,6 por ciento de los votos. Los defensores de seguir en España sumaron el 51,28 por ciento. No obstante, un 70 por ciento de los catalanes está a favor de zanjar la cuestión a través de un referéndum.
La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, mostró su "solidaridad" con los alcaldes prorreferéndum al recibirlos en el Ayuntamiento. "Es una vergüenza: Un Estado incapaz de escoltar al pueblo de Cataluña, un Estado incapaz de ofrecer una respuesta política", dijo Colau. Colau ha evitado implicarse directamente en la organización del referéndum, aunque anunció que los barceloneses podrán votar, sin explicar cómo. Puigdemont dijo luego haber logrado un acuerdo con la alcaldesa.
Por Elbio Evangeliste
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