Todavía hay 774 rehenes en la selva

Bogotá. — La liberación de las políticas Clara Rojas y Consuelo González tras seis años de secuestro, hizo que los colombianos dirigieran sus pensamientos hacia otras 774 personas que siguen en poder de las Farc, en algunos casos desde hace una década.

La propia González reprochó a los colombianos no haber sido suficientemente rígidos en la exigencia masiva de libertad para los secuestrados. “(Los guerrilleros) no han visto al pueblo comprometido”, afirmó la ex parlamentaria. Ante ese virtual desaire, “las Farc se han desentendido”.

Los suboficiales del ejército Pablo Moncayo y Libio Martínez completaron ya diez años en manos de las Farc. El padre del primero, Gustavo Moncayo, ha conmovido a Colombia y el mundo con sus acciones en demanda de libertad para los secuestrados, pero sus gestos, como los de otras familias de víctimas, no han tenido el efecto de avalancha que se podría esperar y la presión sobre la guerrilla no fue contundente.

También muy activa en la lucha ha estado la familia de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, la que incluso logró el compromiso del gobierno de Francia, gracias a la doble nacionalidad de la víctima. Aunque expertos como el ex comisionado de paz Carlos Eduardo Jaramillo consideran que sus posibilidades de ser liberada mejoraron, otros observadores son más escépticos, pues recuerdan que es la gran carta de negociación de los guerrilleros.

González, Rojas y Betancourt eran parte, junto con 19 polícias, 14 militares, ocho políticos y tres estadounidenses, de la lista de 49 personas a quienes las Farc consideraban “canjeables”. Es decir, monedas de cambio por las cuales pretendían la libertad de al menos 500 extremistas presos, casi el total de los encarcelados en Colombia, en un proceso de “intercambio humanitario” que tuvo como mediador a Hugo Chávez. La negociación se frustró en noviembre pasado, cuando Alvaro Uribe consideró que su colega venezolano se había excedido en sus funciones y desconocido a las autoridades de su gobierno.

Víctimas de “segunda”. Más allá de esos manejos políticos, el drama está instalado en las familias de los más de 700 secuestrados de “segunda línea”, para los que no parece haber esperanza. Se trata de personas retenidas con fines puramente de extorsión. Cinco de ellos fueron fríamente ejecutados por las Farc a fines de diciembre pasado, degollados porque sus familias no pagaron rescate. Además se cuentan los menores reclutados a la fuerza, un delito considerado de lesa humanidad por la ONU.

Pero el drama del secuestro en Colombia va aún mucho más allá. “Institucionalizado” por la guerrilla desde hace décadas, ese crimen se ha extendido entre la delincuencia común y, según la Fundación País Libre, que lucha contra el flagelo, hoy la lista de secuestrados llega a 3.524.