El expresidente de Perú Pedro Castillo, destituido y detenido tras intentar dar un golpe de estado y disolver el Congreso el pasado miércoles, quedó muy comprometido en la causa penal que se le inició. Se conocieron testimonios de protagonistas de su intento de golpe que lo complican, así como a sus directos colaboradores. Castillo está detenido desde el miércoles pasado, 7 de diciembre, el mismo día en que intentó disolver ilegalmente el Congreso. Castillo dio a conocer una carta a través de un colaborador en la que acusa a la Fiscalía, al Congreso y a la actual mandataria, Dina Boluarte, de dirigir un “plan maquiavélico” en su contra.
El miércoles pasado, cuando aún era presidente, Castillo ordenó en un mensaje a la nación la disolución del Congreso. Acto seguido ordenó la detención de la fiscal general y desalojar el Congreso. Lo reveló el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, en la investigación judicial del fallido golpe de Estado. Alfaro no obedeció la inverosímil orden que le dio Castillo, como se sabe, y el Congreso destituyó al presidente ese mismo día y desde entonces está detenido. Según el diario El Comercio, la orden de Castillo fue precisa: “General, cierre el Congreso e intervenga a la fiscal de la Nación”, Patricia Benavidez. Lo declaró Alfaro a la propia fiscal general, que investiga el intento de golpe de Estado de Castillo.
Alfaro, máximo responsable de las fuerzas de seguridad, recibió un llamado del ministro del Interior, Willy Huerta, quien le pasó con Castillo. El presidente ya había dado su discurso por televisión, donde ordenaba el cierre del Congreso y la intervención del poder judicial. La intervención incluía la detención de la fiscal Benavidez. Y ordenó además que desalojaran a los congresistas. “El presidente me señaló: ’General, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación”. Castillo le dijo además que debía dejar el “camino libre” hacia el Congreso, dando a entender que encabezaría una movilización. Alfaro hizo lo contrario: ordenó que se protegieran tanto al Congreso como a la fiscal general. Al ver que su poder de mando no existía más, Castillo urdió un plan de evasión a la embajada de México, donde esperaba un seguro asilo político. Pero antes de su fuga fue detenido por su propia custodia.
La fiscal Benavides investiga a Castillo por el delito de rebelión por su decisión de disolver el Congreso. Por esta investigación, el mandatario cumple una detención preliminar de siete días.
A través de una carta publicada por el congresista Guillermo Bermejo, dijo que varias personas lo “obligaron a sacarse una muestra” de sangre el viernes y que lo volvieron a hacer ayer, lo cual fue desmentido por la máxima autoridad forense del país. “En la tarde de ayer un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento, igualmente el día de hoy, volvieron con lo mismo por haberme negado, por seguridad y mi integridad”, denunció.
El viernes se hizo público que un equipo de médicos legales de la Fiscalía iba a visitar al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica para determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció su discurso en el que disolvía el Parlamento y establecía el estado de excepción. La versión de que no estaba en sus cabales fue hecha circular por los propios aliados de Castillo, a modo de excusa. El propio congresista Bermejo demandó el viernes que se le realizase esta prueba.
El presidente del Instituto Peruano de Medicina Legal, Francisco Brizuela, dio por tierra con la versión de Castillo y aseguró a la radio limeña RPP que los técnicos que intentaron extraerle muestras de sangre y de orina a Castillo estaban “plenamente identificados” y que el exmandatario se negó “rotundamente” a que cumplieran ese trámite. “No es cierto que sean médicos encubiertos; los que han ido, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales son tres químicos forenses, no médicos legistas, ya que los que hacen la prueba son químicos forenses: el doctor Javier Churango Valdez, jefe de la Unidad de Toxicología; el químico forense Henry Montellanos Cabrera y Gabriel Ernesto Ramos Borja”, detalló Brizuela. Los técnicos se identificaron al entrar al penal, se presentaron ante Castillo y le informaron sobre el procedimiento, pero el expresidente no permitió que le tomaran las muestras. “Castillo se niega rotundamente al examen, pero se han cumplido todos los protocolos; se pide el consentimiento informado porque tomar una muestra de sangre es un método invasivo, a lo cual el señor Castillo se ha negado”, remarcó Brizuela.
En otros pasajes de su carta, Castillo afirmó que no descartaba que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Congreso de la República y Boluarte estuvieran dirigiendo “este plan maquiavélico”. Boluarte asumió la presidencia luego que el Congreso destituyera el miércoles pasado a Castillo. Hasta ese momento era la vicepresidenta de Castillo, elegida en su misma fórmula. Como él contaba con el apoyo del partido de ultraizquierda Perú Libre. Castillo fue detenido por su propia escolta mientras intentaba alncazar la embajada de México para solicitar asilo. La Fiscalía lo acusa del delito de rebelión y, de ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.
