Yelena Monroy tenía tres años cuando fue encarcelada durante más de un año junto con su hermana menor y su madre, una militante socialista perseguida por la dictadura del general Augusto Pinochet después de que éste llegó al poder en Chile mediante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
“Teníamos miedo, estábamos llorando”, recordó Monroy, ingeniera comercial de 53 años y uno de los más de 1.000 niños y adolescentes que fueron detenidos en nombre de luchar contra el comunismo y las guerrillas de izquierda durante la dictadura militar de Chile de 1973 a 1990.
Cuando Pinochet se instaló como líder, la mayoría de edad en Chile se fijó en 21 años. Pero ser menor de edad no era ninguna protección contra la represión de la dictadura. Los niños fueron detenidos, torturados, asesinados e incluso utilizados como señuelos para detener a sus padres.
El trauma de ese período ha hecho que muchas de las jóvenes víctimas del régimen militar se muestren renuentes a hablar, y el proceso de enjuiciar los crímenes de esa época y de hacer reparaciones en general no ha hecho distinción entre las víctimas en función de la edad. Así, los niños víctimas de la era Pinochet no han tenido mucha visibilidad, aunque los menores representan casi el 10% de las muertes atribuidas al régimen pinochetista.
“No los clasificamos por edades, porque todos sufrieron”, dijo a The Associated Press Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile.
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Yelena Monroy tenía tres años cuando fue encarcelada durante más de un año junto con su hermana menor y su madre, Eliana, una militante socialista. Las manos que sostienen la foto son de Eliana.
Sin embargo, las cifras de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura muestran que el régimen de Pinochet detuvo a 1.132 menores de 18 años. De ellos, 88 tenían menos de 13 años y 102 fueron arrestados junto con sus padres o nacieron en prisión.
Unos 307 niños menores de 18 años fueron asesinados durante ese período, según revisiones de documentación de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación realizadas por grupos de derechos humanos . Alrededor de 3.200 personas en total fueron asesinadas durante la dictadura o desaparecieron y se las cree muertas.
El Estadio Nacional de Chile, en la capital del país, se convirtió en el mayor centro de detención del gobierno militar. Allí arrestaron –y golpearon– a Roberto Vásquez Llantén, cuando tenía 17 años, por ser un militante activo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
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Roberto Vásquez Llantén fue detenido cuando tenía 17 años y llevado al Estadio Nacional, el mayor centro de detención de la dictadura pinochetista. Ahora lo visitó nuevamente, con 67 años de edad.
Estuvo escondido desde el inicio del golpe, pero fue detenido el 15 de enero de 1974. Vásquez Llantén, que hoy tiene 67 años, pasó un año en el Campo Penitenciario de Chacabuco, en el desierto de Atacama, junto con otros 16 menores. No había electricidad ni agua caliente, recordó. Había minas antipersonal fuera del alambre de púas para mantener a los prisioneros en fila, mientras los guardias vigilaban desde las torres.
Si los menores tenían importancia política, eran detenidos igual que los adultos. Pero también fueron utilizados como señuelos para atrapar y detener a sus padres.
Las hermanas Fernández Montenegro fueron encarceladas en febrero de 1974 cuando eran adolescentes.
Viviana, de 14 años, y Morelia, de 17, fueron acusadas de guerrilleras en el puerto chileno de Valparaíso donde vivían, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital. Su madre fue arrestada y liberada después de 24 horas. Toda la familia, a excepción del padre, eran militantes comunistas. Las hermanas estuvieron juntas por primera vez en el Cuartel Naval Silva Palma, en uno de los muchos cerros habitados de Valparaíso.
“Yo estaba en una celda, con un buzo con capucha, mientras unos tipos me ponían cables de electricidad en los dedos, gritando y lanzando groserías y amenazas”, exigiendo saber dónde estaban las armas, relató Viviana Fernández. “Lo único que hice fue llorar y llorar... Sentí mucho miedo, mucho miedo”.
Fernández, que hoy tiene 64 años, y Yelena Monroy son miembros de la Asociación de Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada hace nueve años en parte para generar conciencia sobre la suerte de niños y adolescentes bajo la dictadura.
Fernández, que es la portavoz, dice que la organización tiene unos 100 miembros, pero cree que hay muchos más, y que muchos todavía tienen miedo de hablar de lo que les pasó durante esos años.
Muchos otros menores de aquella época no sobrevivieron para contar su historia.
José Gregorio Saavedra González, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue ejecutado a los 18 años por soldados en Calama, en el norte del país, junto con otros 25 presos políticos el 19 de octubre de 1973. Fue uno de los desaparecidos que años después fueron localizados e identificados.
“Nos pusieron un poquito de un dedo en una cajita, y un poquito de lo que me imagino que era un diente chiquito”, recuerda su hermana, Ángela Saavedra, de 81 años.
Monroy y Fernández culpan al gobierno chileno por no reconocer plenamente las violaciones pasadas de los derechos humanos de los niños. “Hemos sido totalmente olvidados por el Estado, tiene una gran deuda pendiente”, afirmó Fernández.