El separatismo es malo para la economía. Lo comprueba Cataluña en carne propia, a menos de 10 días del referendo separatista que impulsa el gobierno catalán. Un informe del diario conservador ABC da cuenta del daño que la combinación de creciente presión fiscal y el desafío secesionista ha causado a la economía catalana, y del éxodo de miles de empresas que provoca.
Según datos del Registro Mercantil recopilados por la consultora Axesor que cita el ABC, 7.956 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otras comunidades entre enero de 2008 y agosto de este año. Teniendo en cuenta que en ese mismo tiempo solo 5.332 han apostado por ubicarse en la región, el tejido empresarial de Cataluña ha disminuido en casi una década en 2.624 empresas. Estos números no dan cuenta de las posibles diferencias cualitativas entre las firmas que se han ido y las que han llegado. Cataluña, la región autónoma más rica de España, se ha convertido, junto con las islas Canarias, en la única que año a año pierde empresas en términos netos. Además, no hay ninguna otra que presente un balance tan negativo: Andalucía, la segunda peor, perdió 1.015 empresas y Madrid, en contraste, ha ganado nada menos que 3.753. Parece que los empresarios prefieren al "villano" del drama separatista. El impacto económico de esa deslocalización empresarial, no es menor. La "cifra de negocio" trasladada fuera de Cataluña entre enero y agosto de este año es de 412,6 millones de euros. En 2016 superó los 1.300 millones.
La localización geográfica es un factor estratégico con el que juegan las empresas para obtener mejores condiciones, como normas fiscales, regulatorias y alquileres. Pero las cifras negativas de Cataluña apuntan a algo más. "Asumir riesgo va en el ADN del empresario, pero riesgo con certidumbre; el problema de Cataluña es la incertidumbre", señalan fuentes empresariales al ABC. El primer detonante de esa fuga fue la mayor presión fiscal iniciada con el gobierno anterior, el "tripartito" liderado por el socialismo, que creó y elevó 17 impuestos. El gobierno catalán acusa a a las otras regiones de "competencia fiscal desleal". Sin embargo, a medida que la Generalitat ha ido focalizando su acción en el proceso independentista, la inseguridad jurídica ha ido en aumento. "Los empresarios huyen como de la peste de donde no se cumple la ley. Sabemos perfectamente que la deslocalización se convertiría en éxodo, Cataluña entraría en colapso económico", en caso de separarse, avisó el presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Bou.
Y ayer el ministro de Economía español, Luis de Guindos, se sumó a esta alarma. "El empobrecimiento de la sociedad catalana sería brutal. El PBI podría caer entre un 25 y 30 por ciento y el paro (desempleo) doblarse", aseguró Guindos."La independencia de Cataluña desde un punto de vista económico sería absolutamente irracional. Lo que se produciría es que se quedaría fuera de la zona euro. El 75 por ciento de la producción catalana estaría sujeta a un arancel", recordó."Los bancos se tendrían que ir y lógicamente se produciría incertidumbre brutal", prosiguió el ministro. Sería "tan irracional que ni los inversores, ni los mercados de capitales, ni mis colegas del Ecofin (órgano europeo que reúne a los ministros de finanzas de la Eurozona) consideran que sea un escenario mínimamente viable y aceptable", agregó.
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