Cataluña dio un paso más, decisivo y dramático, hacia su ruptura separatista con España. El parlamento de Cataluña aprobó en una tensa sesión de trámite urgente la ley que permite al gobierno regional —la Generalitat— convocar de inmediato al referéndum sobre la independencia el 1º de octubre, en un desafío sin precedentes al Estado. Poco después, el Ejecutivo convocaba a la consulta mediante decreto. El Parlamento catalán, con mayoría nacionalista, votó la ley con un recinto a medias vacío, porque los partidos contrarios a la secesión se retiraron.
"Acabo de firmar, con todo el gobierno, la convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Por la libertad y la democracia!", escribió en Twitter el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont. La llamada "Ley del referéndum" aprobada poco antes le había dado esa potestad. Puigdemont prometió hace un año que convocaría esta consulta, que abre una crisis institucional de final imprevisible. El gobierno central de Mariano Rajoy considera inconstitucional el referéndum y asegura que impedirá su celebración. El Tribunal Constitucional, máxima instancia judicial de España, ya se ha pronunciado en contra de la iniciativa, que además es contraria a la Constitución vigente, que autoriza los regímenes autonómicos, pero protege la unidad territorial del Estado, algo que destruye la ley catalana aprobada ayer. El gobierno español recurrirá nuevamente, tanto la ley como la convocatoria, a la consulta y pedirá al Tribunal Constitucional que suspenda a ambas.
Incluso antes de la votación, el gobierno dio un primer paso y pidió al Constitucional que frene las actuaciones del "Parlament" contrarias a sentencias previas y que estudie la responsabilidad penal de quienes admitieron a trámite la ley. "No he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política", resumió "la número dos" del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la sesión vivida en el hemiciclo de Barcelona, interrumpida varias veces en medio de una crispación sin precedentes. Los nacionalistas retiraban las banderas españolas que colgaban los miembros de la oposición "constitucionalista" y ponían en su lugar las "esteladas" catalanas.
A último momento
La norma fue incluida a último momento en el orden del día y aprobada por la alianza "Junts pel Sí" de partidos nacinalistas que sostienen el gobierno de Puidgemont y por el partido de extrema izquierda CUP tras una sesión de 12 horas. El procedimiento de urgencia elegido para aprobarla motivó airadas quejas de los diputados opositores, que a lo largo del día denunciaron diversas irregularidades en el procedimiento. Incluso los abogados del Parlamento catalán alertaron a los responsables políticos que la ley choca con el Tribunal Constitucional, pero ignoraron la advertencia.
"Estamos viviendo el pleno más esperpéntico desde la restauración de la democracia", definió el líder del Partido Popular (PP)en Cataluña, Xavier García Albiol. "Están situando a este parlament fuera de la legalidad", acusó Inés Arrimadas, líder del partido Ciudadanos.
En medio de la tensión creciente, tanto el PP de Cataluña como los socialistas catalanes anunciaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos de los diputados. Ambos grupos parlamentarios y el de Ciudadanos se ausentaron en la votación como protesta, lo que dejó un visible espacio vacío en el hemiciclo.
La ley instaura "un régimen jurídico excepcional" para regular y garantizar el referéndum e incluye la pregunta que se planteará el 1 de octubre a los catalanes: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".
Establece además que el resultado será vinculante. Si gana el "sí" , se abriría "un proceso constituyente". La norma se presenta como "ley suprema" que prevalece sobre cualquier otra que la contradiga. Esto es claramente fuera de la Constitución española, que es la norma suprema por definición para todos los ciudadanos, incluidos los catalanes. El "parlament" aprobará también otra norma clave, conocida como "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana". Pretende garantizar la legalidad durante el período comprendido entre la celebración del referéndum y la aprobación de una Constitución catalana en caso de que gane el "sí". Dar por creada una "república catalana" implica otra salida del marco legal vigente.
La convocatoria del referéndum y el rechazo del gobierno central abre lo que los analistas ya consideran la crisis institucional más grave en España desde el retorno de la democracia y plantea un escenario imprevisible para las tres semanas que restan hasta el 1º de octubre.
Mientras Puigdemont ha dejado claro que seguirá adelante con el plan "soberanista" pese a las impugnaciones de la Justicia, el gobierno de Rajoy insistió en que tiene "todo preparado" para impedir la consulta, pero no aclaró aún con qué herramientas lo hará. Una vía es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en una situación extrema permite adoptar "las medidas necesarias" para hacer que una Comunidad Autónoma cumpla con sus obligaciones e incluso intervenir sus competencias.
Otra opción es acudir a la ley de Seguridad Nacional. Permitiría nombrar funcionarios que asuman el control de la policía regional e incluso sustituir a funcionarios políticos. Es el equivalente a una intervención federal en el régimen constitucional argentino.
