El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso un férreo cerco militar y policial en el departamento central de Cabañas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso un férreo cerco militar y policial en el departamento central de Cabañas, en una nueva ofensiva de su "guerra" contra las pandillas iniciada en marzo de 2022, que fue defendida por buena parte de la sociedad pero a la vez muy cuestionada por organismos de derechos humanos.
"Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas", escribió el mandatario en la red Twitter, ahora llamada X, al anunciar la operación.
Si bien Bukele impuso desde el año pasado cercos militares en ciudades y municipios como parte de su estrategia para desarticular a las pandillas, esta es la primera vez que lo hace en un departamento completo.
En las últimas semanas "producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse", afirmó. Indicó que el cerco "se mantendrá mientras los operativos puedan extraer a todos los pandilleros".
Cabañas tiene 150.000 habitantes y es uno de los departamentos más pequeños de El Salvador, de apenas 1.100 kilómetros cuadrados. Se trata de una región agrícola, con cultivos de café y caña de azúcar y pequeños ganaderos. Su cabecera, la ciudad de Sensuntepeque, está a unos 70 km al oeste de San Salvador.
El 12 del mes pasado el Congreso de El Salvador había prorrogado nuevamente un régimen de excepción para facilitar esa campaña represiva que ya dejó más de 71.000 presuntos pandilleros detenidos y es motivo de constantes acusaciones por abusos policiales de parte de la oposición y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
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El decreto prolongó un mes más la medida restrictiva en todo el territorio nacional, y fue aprobado con los votos de 67 diputados del Congreso unicameral, que está dominado por el oficialismo y sus aliados.
"Si bien se está ganando decididamente la guerra contra las pandillas, existen miembros que no han sido capturados y persisten en el actuar delictivo, haciendo necesario mantener las estrategias de seguridad", alegó la ordenanza en uno de sus considerandos.
Esta nueva ampliación, la decimosexta, se extenderá hasta el 14 de agosto.
Previo a esta nueva prórroga, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, indicó que sería aprobada porque "sus resultados son innegables a pesar de las críticas de organizaciones desconectadas de la realidad de los pueblos".
En su postura contraria, la diputada del partido opositor de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, dijo que "únicamente ha servido para violar derechos humanos de muchas personas".
El diputado del partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, defendió el procedimiento al sostener que "ha llevado tranquilidad a las familias".
El Ejecutivo mantiene desde marzo de 2022 una "guerra" contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite, entre otras cosas, detenciones sin orden judicial.
Se instauró después de que el país registrara 87 asesinatos en un fin de semana de marzo de 2022, una escalada de violencia que Bukele, cuyos anuncios gubernamentales los suele difundir mediante redes sociales, atribuyó directamente a las pandillas.
Desde entonces fueron apresados 71.479 presuntos pandilleros.
Según el Gobierno, diferentes encuestas refieren que la mayoría de la población aprueba la medida al brindarle una sensación de seguridad.
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