El presidente de Bolivia, Luis Arce, derogó una ley de control de capitales y contra "el financiamiento del terrorismo" que daba poderes extraordinarios al Estado y que condujo a los opositores y a grupos tan diversos como sindicatos y representantes de autónomos a masivas protestas y decretar un paro por tiempo indefinido hace seis días. Presionado por gran parte de las regiones más productivas del país, Arce debió ceder y archivó la cuestionada ley. La ley fue combatida no solo por los opositores, sino por categorías amplias de la actividad económica, como transportistas e integrantes del comercio informal, que es mayoritario en Bolivia.
"Hemos tomado la decisión de abrogar la ley 1386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”, dijo la nochel del sábado Arce. El expresidente Evo Morales, mentor político de Arce, saludó su decisión. Dirigentes opositores se atribuyeron la victoria y dijeron que el Gobierno de Arce no tiene rumbo.
Las protestas, caracterizadas por marchas y bloqueos de calles, derivaron en enfrentamientos entre manifestantes, la policía y grupos del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), y han dejado más de 100 detenidos y varios heridos.
Eete domingo Arce pidió a los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) mantener la movilización y "estar en apronte" un día después de anunciar la abrogación de la ley 1386 de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.
El presidente había afirmado durante la semana que detrás del paro había un intento de “tumbar al gobierno”.
Por su lado, el opositor Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) señala que "el propósito de la ley es generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento, eximiendo de este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico”. Otro punto objetado es que "el gobierno tendría la potestad de modificar una ley por decreto, lo que vulnera la Constitución".
Los cocaleros son aliados históricos del MAS y de Evo Morales y obvios proveedores de la materia prima del narcotráfico.
El gobernador del Departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, Luis Fernando Camacho se atribuyó junto a los demás dirigentes del oriente boliviano la derogación de la ley.
“Luis Arce quiso camuflar su derrota y dijo que ”decidió“ abrogar la ley 1386. Falso, no decidió nada, lo hizo porque el pueblo movilizado lo exigió. No tenía opción. Fin del comunicado”, señaló por Twitter.
Los principales disturbios ocurrieron en los departamentos de Potosí, en el suroeste del país, y Santa Cruz, bastión opositor y epicentro de la producción agropecuaria de Bolivia, pero también hubo manifestaciones en todo el país.
La cuestionada ley, aprobada en agosto, establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del extremismo “podrá ser ajustada por el Ejecutivo mediante decreto”. Esto causó inquietud en la oposición, que temía que fuera a ser usada como herramienta de persecución política.
El alcalde de la ciudad capital de La Paz, el opositor Iván Aria Durán, que fue ministro del Gobierno que sucedió a Morales, dijo en un tuit que Arce “tuvo que retroceder”.
“El Gobierno minimizó las protestas cívicas, gremiales y empresariales y tuvo que retroceder. Se cura en salud ante una Asamblea de la Paceñidad prevista para el lunes. Ese día los paceños consolidaremos la libertad y propiedad privada”, escribió.
Arce, quien durante la semana había minimizado las protestas, dijo anoche que optó por derogar la ley tras oír “las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales”, informó la agencia de noticias AFP.
Hace tres días, en un acto en la región central cocalera de Chapare, feudo político de Morales, Arce había declarado que no pretendía echar marcha atrás, pues el pueblo boliviano había decidido en las urnas en 2019 “que nosotros tenemos que gobernar”.
Un día después, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, advirtió que si continuaban el paro y los bloqueos, podía haber desabastecimiento de combustibles en Santa Cruz y en otras zonas del oriente de Bolivia.
Ahora, con la ley ya derogara al menos verbalmente por Arce, el amplio arco opositor no dejó las calles ni las rutas. El transporte sindicalizado de Cochabamba anunció este domingo dio un plazo de 72 horas a la Asamblea Legislativa para abrogar la ley 1386, después de que el presidente Luis Arce anunciara el sábado que será abrogada.
