El gobierno nacional limitó programa Acompañar, que brinda apoyo económico a víctimas de violencia de género, a través de un decreto presidencial
Foto: Héctor Rio / La Capital
A diez años de la primera marcha Ni una Menos, los recortes de políticas públicas aumentan el riesgo sobre las mujeres.
El plan Acompañar fue una de las medidas llevadas adelante por el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, cerrado durante la gestión actual del Gobierno Nacional. Mediante un decreto se limitó el alcance y la duración del programa de acompañamiento.
Con un decreto presidencial vigente desde este lunes, se determinaron una serie de modificaciones al plan Acompañar. Dicho programa le otorgaba una prestación económica a quienes presentaran un informe social de algún dispositivo de atención oficial de violencias, ya fuese local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de este lunes, se deberá también la constancia de una denuncia judicial o policial. "Para acceder a la prestación del PROGRAMA “ACOMPAÑAR” se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", sostiene el documento.
El decreto no presenta modificaciones sobre quiénes están en condiciones de percibir el beneficio, siempre que se cumpla con la denuncia y el informe requeridos. “Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la REPÚBLICA ARGENTINA, a partir de los DIECIOCHO (18) años de edad”, decreta el Boletín Oficial.
Antes de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, las personas que accedían al programa recibían una prestación económica de un salario mínimo, durante seis meses consecutivos. La nueva modalidad iniciada el día lunes delimita dicho periodo a la mitad. “La prestación económica consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de UN (1) salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante TRES (3) períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo.
A principios de junio de este año, el gobierno nacional anunció el cierre definitivo de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades durante la gestión de Alberto Fernández. En las horas previas a que se conozca esta noticia, Claudia Barcia, quien estaba a cargo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, presentó su renuncia y advirtió lo que estaba por ocurrir.
La novedad fue confirmada por el Ministerio de Justicia, dependiente de Mariano Cúneo Libarona, a través de un comunicado. “Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlar y eventos”, alega el mensaje.
En el texto, se asegura que “ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito; por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”.
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