Pero queda una tríada en carrera y son los destacados en el párrafo anterior, que a pocos dejan conformes.
Un sector ligado con el peronismo ortodoxo santafesino alienta la candidatura del santafesino Roberto Prieu Mántaras, mientras que desde el radicalismo se impulsa a Javier Beltramone. Y el socialismo santafesino apoya desde siempre a la actual auditora de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich.
Los dos camaristas varones tienen muchos años de experiencia en la justicia penal, pero con posicionamientos distintos para el futuro del Ministerio Público de la Acusación (MPA), según expusieron en las entrevistas del concurso.
A Prieu Mántaras, de 68 años, se lo recuerda como redactor del código procesal penal de la provincia y también como a uno de los camaristas que en 2011 le anuló la sentencia a monseñor Storni, el ex obispo que había sido condenado a ocho años por el delito de abuso sexual al ex seminarista Rubén Descalzo.
Por ello Storni fue obligado a renunciar a la Iglesia, pero en 2001 la Cámara Penal revocó el fallo por "motivos técnicos" y liberó al cura que murió impune en 2012 en una casa que la Iglesia Católica le había comprado en La Falda, Córdoba.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito hizo público un comunicado esta semana donde recordó este hecho y manifestó su repudio a la candidatura de Prieu Mántaras. Además, sumó a la negativa la revocatoria a la sanción del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Belén Catalano, integrante de la ONG Grávida, una organización denunciada recientemente por la provincia.
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En 2015, la psicóloga de la ONG católica se infiltró en el Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, y convenció a la madre de una menor de 11 años, que tenía una discapacidad y que había sido violada por el padrastro para que no siga adelante con un pedido de interrupción del embarazo.
El desempeño de la psicóloga de Grávida fue reprochado por el equipo interdisciplinario que actuaba en el hospital, que la denunció ante el Colegio de Psicólogos y tras analizar la situación le suspendió seis meses la matrícula.
Pero, la decisión fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, integrada por Prieu Mántaras y sus pares Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano, quienes revocaron la sanción aplicada a la psicóloga.
La resolución luego fue apelada y llegó a instancia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que anuló el fallo de la Cámara y ordenó que la profesional de Grávida fuera sancionada.
Otro caso que apuntó la Campaña fue la absolución de un acusado por abuso sexual cometido contra su sobrina de 12 años. Este caso fue revisado por la Corte Suprema de Justicia provincial. El alto tribunal anuló la absolución con la que Prieu Mántaras había beneficiado al agresor sexual, al considerar –entre otros puntos— que "...en relación con la valoración de la declaración de la víctima en Cámara Gesell" el razonamiento de la sentencia se apartó de los estándares internacionales relativizando y/o desoyendo la declaración de la niña víctima.
Perotti tendrá la palabra
En su exposición ante el tribunal del concurso, Prieu Mántaras criticó las formas procesales del Ministerio Público de la Acusación y dejó en claro que está a favor de un paradigma de Fiscalía General que no aborde la política criminal, sino que se limite a la investigación de la flagrancia y al delito en su sentido más reducido, sin profundizar en los entramados mafiosos que existen en Rosario.
A Beltramone, hijo de un militar condenado por delitos de lesa humanidad, pero quien claramente no debe pagar por los crímenes de su padre, también la memoria lo ubica presidiendo la Cámara de Apelaciones en lo penal.
El 15 de septiembre de 2020 absolvió a un hombre de 27 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal de una niña de 11 años. Argumento su voto al decir: "ninguna duda cabe, y se encuentra hartamente probado que ambos mantenían una relación de pareja". Aunque el Código Penal apunte que no hay consentimiento posible antes de los 13 años. La resolución fue apelada, aunque luego quedó firme.
Seis años antes, también Beltramone le concedió prisión domiciliaria con salidas laborales al remisero César Varela, un hombre que había secuestrado y agredido a su ex pareja, María Cristina Ponce, en Villa Gobernador Gálvez. El mismo Beltramone votó el 20 de diciembre de 2019 a favor de reducir la pena de Fernando Godoy, quien había sido condenado en primera instancia por el femicidio de Tamara Merlo cometido dos años antes.
De Cecilia Vranicich, que no por ser mujer se supone que cuenta con el total aval de la Campaña, se le conoce su paso como asesora de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, cuando Analía Colombo estaba al frente de la repartición.
También se sabe que fue "socia junior" al comienzo de su carrera en el estudio de Héctor Superti y en esa alianza actuó en defensa de Graciela Disser, la madre de Natalia Fraticelli, a quien se la había condenado de ser "mala madre". El feminismo en ese momento no estaba visibilizado como hoy en la provincia, pero podría decirse que hubo una defensa de género sobre Disser a quien se la acusaba con críticas morales y conservadoras.
"En el sistema actual habría sido imposible que por la muerte de Natalia Fraticelli condenaran a sus padres a prisión perpetua", había dicho Superti hace tres años cuando se cumplieron 20 años de ese caso .
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Vranicich tiene un cargo de investigación disciplinaria y en ese sentido investigó a todos sin miramientos: al ex fiscal rosarino Fernando Rodrigo quien había hecho escuchas telefónicas para espiar a su novia, al ex titular del MPA en la región Patricio Serjal, acusado por los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery (binomio que desde algunos sectores apuntan como "protegidos por Vranicich").
A Serjal se lo acusa de conformar una asociación ilícita con el legislador Armando Traferri (sobre quien el procurador general de la Nación, Eduardo Casal propone reabrir los fueros) y al ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, acusado de supuesto espionaje ilegal.
También se sabe que siendo auditora de gestión del MPA estaba en funciones durante el caso de abuso sexual contra una alumna del colegio religioso San José, de la ciudad de Rafaela. Caso sobre el que la abogada feminista Paula Condrac denunció "irregularidades", en 2022.
Para ella, "no se investigó el caso y se plantaron pruebas falsas" y Vranicich con potestad de actuar sin denuncia previa no intervino.
Así lo dijo en contacto con el programa "La siesta jugada", de Radio Nacional. "Esto es cada vez más grave -dijo-y compromete más a los fiscales que intervinieron. Hay una falta de transparencia y una pérdida absoluta de objetividad desde arranque" de la investigación.
El gobernador Omar Perotti es quien deberá ahora elegir al nuevo o la nueva Fiscal General y a los cinco regionales. La ministra Celia Arenas confirmó este jueves que el primer mandatario provincial elevará los nombres elegidos para cada cargo la semana próxima. Luego la Legislatura provincial deberá aprobar los nombres. Toda una negociación por delante.
Aunque Augsburger remarcó para bien de una justa Justicia santafesina: "Si los fallos de un funcionario incluido en la terna no tienen perspectiva de género, tiene que estar afuera, porque la Ley Micaela plantea expresamente que debe tener esa perspectiva".
Más claro...
