El artículo 2 de la ley de educación nacional sostiene que la educación es un bien personal y social garantizado por el Estado.
Dirigentes de los gremios docentes y académicos cuestionaron la propuesta del precandidato presidencial Javier Milei de eliminar la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, y establecer un sistema de váucheres para el acceso a la escuela pública.
“Gratis no hay nada, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo tiene que pagar. Hay que cambiar el sistema, porque como está no funciona. Hay un Estado fallido y podemos proponer métodos para que la educación se parezca al mercado”, dijo el diputado nacional y precandidato por La Libertad Avanza en una entrevista de Radio Mitre. Fue en este sentido que propuso que se implemente “un váucher para estudiar y no ser rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado”.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) dijeron que la propuesta “retrotrae a décadas pasadas, cuando bajo las regulaciones de la derogada ley federal de educación, se llevaban a cabo los ajustes, el avance privatizador, la exclusión y la fragmentación más brutal que sufrió el sistema educativo en la historia reciente”.
“Hoy se hace cada vez más evidente el movimiento en pinzas que hacen desde el Banco Mundial, el BID, la Ocde, las fundaciones y ONGs privadas, y hasta la misma Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), para operar sobre los Estados y promover el avance privatizador en los sistemas educativos de los distintos países”, dice el comunicado de Ctera, que lleva las firmas de la secretaria general Sonia Alesso y del secretario de Educación, Miguel Duhalde.
Desde el sindicato docente señalaron que los sistemas de escuelas váucheres “han fracasado en todo el mundo", y que Chile "actualmente están tratando de avanzar hacia la estatización de la educación y la gratuidad para tratar de salir del gran fracaso que ha sido tener uno de los sistemas educativos más excluyentes y desiguales del planeta, debido a la gran cantidad de años en los que Chile tuvo educación privada para la mayor parte de su población”.
“La idea de los váucheres refuerzan las concepciones individualistas, profundizan las desigualdades y convierten a la educación en una mercancía más. La salida, por el contrario, es con más presencia del Estado, con proyectos colectivos, solidarios y de ampliación de derechos, especialmente, para los sectores más desprotegidos de la población. Un derecho como la educación, no puede dejarse librado a las reglas del mercado”, agrega el texto de Ctera.
El voucher educativo es un sistema orientado a subsidiar de forma directa a la demanda (alumnos) en lugar de a la oferta (las escuelas). Los estudiantes reciben esos bonos individuales y junto a sus familias deciden a qué institución ir, pagando ese “servicio” con el váucher. De esta forma se introduce una lógica del mercado en la educación, al propiciar la competencia entre escuelas para captar la mayor cantidad de alumnos. Sin embargo, el articulo 2 de la ley de educación nacional sostiene que la educación es un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado.
Un nota de la agencia Télam recordó que uno de los primeros en proponer este sistema de financiamiento fue el economista Milton Friedman, asesor de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, como una manera de establecer un “sistema de mercado” en el sistema educativo, y que fue aplicado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En el caso de Estados Unidos, la titular de la American Federation of Teachers (AFT), Randi Weingarten, dijo que el programa de váucheres fue propuesto en distintos estados norteamericanos “como una forma de conseguir que familias con bajos ingresos pudieran abandonar escuelas de bajo rendimiento pero ese objetivo jamás se materializó”, y que los vales al final “van a parar a familias que ya envían a sus hijos e hijas a centros privados”.
Pero el debate no es nuevo. Hace veinte años, el investigador uruguayo Gustavo Cosse advertía que “América Latina, cíclicamente, recibe y muchas veces adopta —acríticamente— como panaceas soluciones generadas en otros contextos sociales y económicos, que en todo caso han sido exitosos —no es como se vio el caso de las experiencias de subsidio a la demanda— en otros países con características muy diferentes”.
En una nota publicada esta semana en Página 12, la pedagoga Adriana Puiggrós dijo que “la competencia entre escuelas no produce un mejoramiento de la educación para el conjunto de la sociedad, sino una mayor concentración de la inversión educativa en los sectores más pudientes”. Mónica Marquina, investigadora del Conicet e integrante de la Fundación Alem, dijo que en esta propuesta se oculta “que esta receta ya se aplicó y fracasó, y están los ejemplos en la comparativa internacional”, y que los vouchers “generan desigualdad y segregación”.
Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, señaló que la negativa de Milei a pronunciarse en favor de la educación obligatoria es una postura “antiderechos” que presupone entender “la educación como un mercado”. “Creemos que la educación es un derecho y como tal requiere financiamiento del Estado. Desde 1884, la Constitución plantea que la educación primaria es gratuita y obligatoria. Milei cree en la educación como un mercado”, replicó el ministro. Y recordó que la iniciativa de los váucheres es una propuesta que en Chile la trajo la dictadura de Augusto Pinochet y que “son concepciones antiderechos que destruyen las políticas públicas y generan desigualdad”.
Por María Laura Cicerchia