Para revisitar el contrato fundacional de la escuela

El análisis de cualquier tema vinculado a la escuela hoy saca a la luz las complejas relaciones existentes dentro del campo de la educación que se extienden desde las concernientes a las jerarquías ministeriales hasta las vinculaciones más sutiles que se establecen entre un maestro, su alumno y el contexto.

En este vasto espectro cabe entonces reflexionar tanto sobre la implicancia de las grandes esferas donde se deciden las políticas de Estado como las de la sociedad donde se concreta el acto educativo.

Desde el punto de vista macro, el centro de la mirada se sitúa en la responsabilidad y actuación estatal ineludible en el resguardo y garantía de la educación de su pueblo. Estas exigencias y requerimientos están debidamente fundadas en su función y capacidad de control, regulación y prevención para garantizar el cumplimiento de cuestiones básicas como es una enseñanza de calidad para todos y cada uno de los alumnos.

Al articular estas dos miradas se considera que la política de Estado en materia de la educación básica es prioritaria y fundamental, pero es tan sólo una parte de la cuestión, por lo que es también imprescindible extender el análisis con igual rigurosidad a los ámbitos y responsabilidades grupales e individuales que podríamos ubicar dentro del orden privado. El apropiado funcionamiento del sistema educativo no depende única y exclusivamente de la calidad o eficiencia estatal, sino también de la forma en que la sociedad, desde sus estratos dirigentes y sus grupos constitutivos hasta cada uno de sus individuos, se comporte y comprometa en relación al interés colectivo y al Estado.

Este planteo nos lleva a la imperiosa necesidad de reconstruir y actualizar seriamente un pacto social que garantice los derechos individuales a la par de responsabilizarnos de nuestro accionar como sujetos sociales, ya que los grandes temas de la educación incumben a la sociedad en general y a las instituciones educativas en particular, a sus equipos directivos, a los docentes, familias y alumnos. Por ende, además de exigir al Estado el cumplimiento riguroso de sus deberes, es necesario revisar las condiciones y compromisos inherentes al orden individual, a cómo nos situamos, cada uno de nosotros, ante la ley, frente a nuestros deberes y derechos, y los deberes y derechos de los otros ciudadanos, ante los bienes públicos y privados.

La educación atañe a todos, en distintos grados o matices. Esta pandemia, que no registra precedentes, y las incumbencias que tiene en la educación también es cuestión de todos.

La vigencia de la seria deuda educativa estatal de larga data, insoslayable, incrementada por la situación sanitaria, no nos exime como responsables de lo que sucede en el campo educativo y para avanzar al respecto cada uno ha de hacerse cargo de lo que le compete en su ámbito. Reconocernos afectados e involucrados en la situación que analizamos nos remite a un problema ético en torno a nuestra responsabilidad social.

Quizás esta modalidad dialéctica de mensurar la responsabilidad del Estado ante la sociedad, a la par de valorar la responsabilidad civil ante el Estado, nos permita sostener una crítica, reflexiva, acorde al momento histórico social que nos toca vivir.

La escuela en tiempo de pandemia se convierte en un escenario propicio donde estas paradojas se despliegan con todo su esplendor como un tema transversal que atañe a cada uno de los partícipes del acto educativo.

El contrato fundacional de la escuela como institución educativa supone una dimensión didáctico pedagógica con eje en la construcción de los conocimientos, donde las teorías del enseñar y el aprender sustenten la labor docente y garanticen el derecho a una educación de calidad para todos los alumnos.

La coyuntura impone una escuela plural e inclusiva, renovada, con grandes preguntas que pongan sobre la mesa de discusión la esencia misma de la educación ya que cuestionan a quién se le enseña, qué se enseña, para qué, porqué y cómo se lo hace. Múltiples voces hoy se hacen escuchar en esta escena contractual, cada una con el peso de su verdad, de sus requerimientos. La docencia, sus gremios, los padres, los alumnos, los centros de estudiantes, todos viendo cómo encontrarse en el desencuentro pandémico, planteando una nueva concertación acorde a las nuevas necesidades. Es de augurar que este diálogo imprescindible pueda trascender los límites de un planteo dicotomizado, tramposo y engañero, para poder ubicarnos en un ambicioso ser parte, implicarnos en pensar y decidir como sujetos colectivos.

Apremia revisar lo hecho y lo omitido. Lo realizado en la emergencia sigue la lógica del mal menor. Fue mucho y muy valioso, pero no nos exime de pensar nuevas y mejores prácticas, las mejores para este momento.

Una singular oportunidad

El nuevo mapa escolar exige medidas inmediatas, urgidas aún por la ruta sanitaria, creativas, innovadoras, ingeniosas, justas, plurales y democráticas.

Al pensar en la escuela se abre una singular oportunidad de revisar todo aquello que acontece en el seno de la institución educativa: las formas de enseñar, los programas y contenidos educativos, los vínculos cotidianos que se establecen en el escenario escolar, la comunicación, la dinámica del poder que subyace en toda institución, el respeto por uno mismo y por el otro, por sus intereses, capacidades y dificultades, el orden instituido, sus normas y disciplinas.

Si el coronavirus ha venido a modificar la vida de todos, cómo no va a modificar la escuela. La cuestión por lo tanto no pasa por retomar o reproducir la “vieja normalidad” —la escuela preCovid— y perpetuar ese orden establecido, sino en cuestionar ese orden, en innovar y resignificar el espacio real y simbólico donde transcurren el aprender y el enseñar, en trascender el aula tradicional para construir un nuevo espacio amplio y plural que cobije niñeces y adolescencias y garantice su derecho a la educación. La pandemia obliga a revisitar, revalorizar y actualizar el contrato fundacional de la escuela, a deconstruir supuestos pedagógicos y sostener una mirada crítica hacia la didáctica tradicional.

Hoy el meollo se centra en generar accesibilidad, que no pasa solo por la virtualidad o la presencialidad sino por la propuesta pedagógica flexibilizada, didactizada y contextualizada a través de formas no tradicionales de producción pedagógica donde haya cabida para todos, sobre todo para aquellos que vieron vulnerados sus derechos a la educación inclusiva.

Se impone correr la mirada del alumno al contexto para ubicar las barreras que obturan participación y aprendizaje.

Quizás, entre las nuevas cláusulas contractuales de corresponsabilidad a tejer entre la sociedad y la escuela, se puedan sumar nuevas coordenadas:

  • Educación para Todos (Unesco). Paradigma crítico, socioconstructivo, ecológico contextual. Constructivismo dialéctico.

  • Justicia social, curricular y cognitiva: currículum único, general y universal.

  • Diversificación curricular: respeta el derecho a una oferta educativa acorde a las necesidades de cada alumno, tiempos y modos de aprender. Múltiples formas donde todos acceden, todos se benefician con formatos variados y diversificados. Didáctica como el arte de enseñar e intervenir en los procesos de enseñanza aprendizaje.

  • Transposición didáctica: saberes didactizados como garantía de accesibilidad. Acompañamiento activo en la construcción del saber. Secuencia didáctica: orden espiralado, construcción abierta, articulada. Problemas de enseñanza. Aprender a aprender. Aprendizaje significativo, colectivo y personalizado.

  • Tiempos de aprender, tiempos lógicos, subjetivos. Trayectorias escolares que contemplan vicisitudes y recorridos singulares.

  • Evaluación formativa. Autoevaluación, coevaluación.