Luchas contra el achique de la educación superior

Para la Dirección General de Escuelas de Mendoza, el ajuste es invisible a los ojos. Parafraseando a El Principito, allí lo esencial no se ve. De modo que la DGE, equivalente a Ministerio de Educación, pretende hacer pasar gato por liebre, y al achique del sistema de educación superior de la provincia por ajuste económico, pretende que se lo tome por una súbita planificación como "adecuación a la demanda".

Sólo que tal adecuación, determinada por la Resolución 2010 de la DGE, ampliamente repudiada por los alumnos y algunos sectores docentes, se da en el marco del público ajuste del gasto público proclamado por el gobierno nacional y seguido por el provincial, gobierno que también es de Cambiemos, en este caso con predominancia de la UCR.

No sólo la abrupta fiebre planificadora coincide con la necesidad de achicamiento del gasto, sino que tal fiebre va sólo en términos de quita de subsidios y cierre de carreras. La resolución saca apoyo económico estatal a Institutos de Educación Superior de gestión privada y —rápido de reflejos— el personal de la DGE ensaya una defensa en términos progresistas que suena absurda para una administración macrista, aliada incondicional de los planes económicos ligados al Fondo Monetario Internacional, los que por cierto están en condiciones cercanas al colapso cuando escribimos estas páginas.

La férrea oposición del estudiantado ha sido respondida señalando que los sectores que genéricamente podrían llamarse "de izquierda" —incluyendo aquí versiones de quienes han apoyado al gobierno nacional anterior— siempre han defendido la educación pública, y ahora reclaman que no se corte el apoyo a la educación privada. Es una contradicción, dicen desde la DGE.

Ocurre que los alumnos preferirían que los dineros que se dedican a subsidios a institutos privados, recalaran en aquellos que son de gestión estatal. Pero de ninguna manera ?en cambio- desean los estudiantes que se eliminen lisa llanamente esas partidas presupuestarias, como ocurre con la decisión de la DGE. En vez de mejorar el uso de los dineros se disminuye el monto de los mismos, pretendiendo además que tal medida tendría un soterrado significado de progresismo ideológico.

Ningún progresismo puede esperarse de un gobierno provincial cuyas políticas están signadas por un oscuro autoritarismo de corte regresivo y represivo. Actualmente, ese gobierno propone un Código de Faltas que persigue y multa cuidadores de coches, trabajadoras sexuales, limpiavidrios y hasta mendigos, además de opositores políticos. Y es este el único rasgo a destacar de una administración sin proyecto estratégico alguno, ni direccionalidad que pudiera establecerse para el futuro provincial.

Por ello, la adecuación de las carreras a la demanda —principal argumento para el cierre selectivo de carreras—, resulta insostenible. Su búsqueda de achicamiento es obvia cuando se argumenta que habría carreras con demasiados alumnos para las posibilidades futuras de su absorción laboral como docentes. Es claro que no se espera que la masa mayoritaria de esos estudiantes pueda reconducirse hacia carreras menos numerosas, aun cuando estas pudieran hoy ser deficitarias en relación con los cargos que se necesitan. No se está pensando, entonces, en que habrá de pronto muchos estudiantes actuales de Ciencias Sociales que se reemplazarán por estudiantes de Física en número equivalente: queda así garantizado el achicamiento del sistema, finalidad callada pero evidente de la medida asumida.

No se cierran Institutos de Educación Superior, argumentan desde la DGE. Pero sí carreras, y un instituto donde se cierren varias carreras, tiene destino esperable. No se expulsará profesores del sistema, se argumenta; si bien no se entiende cómo todos podrían seguir trabajando en carreras diferentes de aquellas en las cuales estaban: en muchos casos la traslación temática es imposible. Docentes que tendrán que abandonar el sistema, o que pasarán a ser docentes/taxi (o Uber), cada año pendientes de las decisiones que quieran tomarse desde la DGE en cuanto a nuevos cierres y alguna eventual apertura de carrera/s, que podrían darse en localidades diferentes y quizá distantes.

Los alumnos, nada podrán planificar. La planificación de los planificadores le planificará la vida a los estudiantes, sin que puedan estos planificar la propia. Nadie sabrá si la carrera que está queriendo estudiar seguirá estando para el año siguiente. Se vivirá al día, en un país en que las decisiones suelen depender de lo estrictamente coyuntural. Y, por cierto, la diseminación territorial creciente que se dará a las carreras ha de implicar una des-democratización del acceso al sistema, justo en un nivel que es de aquellos en que los sectores populares y de clase media baja tienen más posibilidad de ingreso.

En cuanto a los Institutos con carreras técnicas, se habla desde la DGE de "adecuarlos a la demanda del sistema económico". Suena muy bien, pero lo primero a decir es que el sistema productivo está altamente paralizado y anormalizado por las políticas económicas en curso que el mismo gobierno promueve, por lo cual la proclamada "adecuación", se da hacia un espacio en estado de inestabilidad y de crisis, que no garantiza ninguna permanencia en el tiempo.

Pero además, aún si fuera muy floreciente la economía —en las antípodas de la pésima condición económica que hoy se nos otorga desde las políticas del área—, la idea de adecuar unilateralmente lo educativo a lo económico es desbalanceada y limitada. ¿Por qué habría de planificarse la educación para una economía desplanificada? ¿Por qué la educación debiera seguir los caprichos del mercado, si estos no responden a ninguna imaginaria "mano invisible" que los llevara a coincidir con el cubrimiento de necesidades sociales? Y por cierto que la educación debiera servir a resolver necesidades sociales, no cargos en una economía al servicio de la ciega ganancia privada.

De modo que la disimulada asunción del ajuste por la DGE, es tan neoliberal como la justificación verbal que se ha buscado para explicarla. La "adecuación a la demanda" formó parte privilegiada del repertorio de los años noventa con Menem, buscando culpabilizar a la educación y no a la economía por la desocupación, y poniendo la economía de mercado como ejemplo privilegiado de supuesta racionalidad. Gobiernos que nada planifican, quieren planificar la educación para que opere racionalmente en relación a una economía sin planificación ni racionalidad. Absurdo.

La lucha de los estudiantes no se demoró. La respuesta oficial tampoco. La DGE disparó sobre los estudiantes la Resolución. 2097, que es una pena que no haya llegado a conocer Michel Foucault, como minuciosa reglamentación propuesta para vigilar y castigar a los estudiantes, que habían tomado la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz (en el centro de la ciudad capital), y que recibieron orden de desalojo con fiscal y amplio dispositivo policial incluidos, los que en esa ocasión no llegaron a actuar por la masiva presencia de legisladores y familiares que acompañaron a los alumnos.

"Queda prohibida toda ocupación o uso de los establecimientos educativos de Nivel Superior de Gestión Pública de la provincia que pudiera entorpecer, alterar, impedir, obstruir, interrumpir o suspender total o parcialmente la prestación del servicio público educativo en condiciones de regularidad o habitualidad, siendo responsabilidad de la autoridad escolar velar por el cumplimiento de la presente, debiendo en caso de incumplimiento o imposibilidad, dar intervención a las autoridades administrativas y judiciales pertinentes", dice el artículo. 1 de un memorándum enviado a los institutos para reglamentar la Resolución.

El lector no se ha equivocado. Es texto actual, no de alguna de las múltiples dictaduras que asolaron el país. Se trata de punir incluso judicialmente a jóvenes estudiantes, y también a las autoridades de los establecimientos si no hacen las denuncias a las que se los obliga en el texto.

La letra con sangre entra, se decía en lejanas épocas. Pareciera que es una "racionalidad" que permea la necesidad del ajuste, débilmente disfrazada por la pátina de la "adecuación a la demanda". El Fondo Monetario no aprieta principalmente en torno a demandas profesionales, sino a la inversión estatal, y busca limitarla al extremo. En eso estamos, todos lo sabemos, y resulta inútil el esfuerzo discursivo por ocultar lo evidente.