La cámara se mueve lentamente siguiendo una pelota de fútbol que cae a un basural y, detrás de ella, un niño que corre a buscarla. La escena se detiene por un momento en un montículo que al ir acercándose se nota que es una persona muerta. El niño esquiva ese cuerpo, recoge la pelota y vuelve sobre sí para continuar el partido. Esta escena que se puede ver en La vendedora de rosas, que transcurre en Colombia en pleno auge de los carteles de droga, nos habla de la naturalización por parte de la sociedad de situaciones extremas.
Las bandas o grupos de delincuentes, “tiratiros”, sicarios o “pibes chorros” que ya dominan ciertos barrios de Rosario y que mantienen ese dominio a fuerza de infundir el miedo no es reciente, aunque ahora ante la gravedad de los hechos han obtenido “más prensa”. Lo que sí es nuevo es la edad, la frecuencia y la utilización creciente de niños y de niñas para cometer delitos. Un síntoma más del entramado de violencias -familiares, delictivas, territoriales y simbólicas, entre otras-, en cuyas redes quedan atrapados.
Las diferentes bandas que se reparten el negocio de la droga buscan espacios vulnerables, deteriorados y abandonados por parte del Estado para poder desarrollar sus proyectos, ya que es en esta coyuntura y en estos espacios donde encuentran poblaciones frágiles que necesitan mejorar en algo y a cualquier precio su calidad de vida, y por lo mismo susceptibles de convertirse en cómplices.
Las escuelas y la violencia urbana, un entramado que preocupa
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
El otro problema -a estas alturas debemos definirlo así- es la institución policial. En algunos casos se han convertido en “guardias privadas” de estas bandas de delincuentes, creando zonas liberadas, mecanismo heredado y que funcionaba igual que durante la última dictadura militar, prohibiendo la participación de otros grupos para que no intervengan en esas zonas. Hablamos principalmente de las jerarquías superiores que dirigen la institución policial, quienes en su gran mayoría, de manera repentina, aumentan su patrimonio de manera escandalosa.
El sistema penitenciario es otra de las patas de este problema. Se sospecha que las órdenes provienen de los presos de alto perfil que se encuentran allí alojados y que gozan de una libertad de planificación del delito que les permite ordenar balaceras, extorsiones y asesinatos desde sus celdas.
La facilidad de conseguir un arma en Rosario es tal que inclusive la podemos pedir “en línea” y según lo que estemos dispuestos a pagar será el calibre que podamos disponer. Este mercado (ilegal), tiene dos vertientes: la primera es la propia institución policial y la segunda el mercado ilegal de armas: según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales existen más de 1.600.000 armas ilegales, muchas de ellas provienen de la fuerza policial.
El ataque a escuelas, la extorsión a comercios, instituciones religiosas y clubes -la lista no es completa- ha despertado un cansancio en la sociedad, producto del hartazgo por tanta impunidad. La ausencia de políticas serias por parte del Estado ya es evidente. La mayoría de la población considera que el Estado (sea este municipal, provincial o nacional) nunca se ocupó seriamente por abordar de manera consensuada, dejando de lado el rédito político y buscando privilegiar la seguridad de las/los ciudadana/os.
En términos generales, se ha tenido una percepción banal y se ha subestimado un fenómeno social que no es reciente, y hoy esta descontrolado. A pesar de que los analistas llevan tiempo de explicar las deficiencias en el diseño y ejecución de las políticas y programas al respecto, parece ser que nadie acierta en una solución, que no será como muchos proponen de “militarizar los barrios”. Obviamente que en tiempos de elecciones lloverán propuestas y aparecerán los vendedores de humo que de manera irresponsable dirán que tienen la solución al problema de la inseguridad.
Tal como lo dijimos en un artículo publicado en este diario (“Educar bajo las balas ”, del 23 de abril de 2022), la solución pasa por reconocer estos problemas y actuar de manera conjunta -entre la comunidad educativa, ONGs barriales, clubes, centros de salud, comerciantes y principalmente las autoridades gubernamentales- en su prevención y erradicación. Trabajar desde la escuela y con la comunidad, potenciando a la misma como un factor de protección para los niños y adolescentes, es una labor que no se puede seguir postergando o ignorando, en especial en aquellas zonas de mayores niveles de inseguridad. Si se pierde el potencial transformador de la escuela a manos de la violencia, ¿qué posibilidades de salir de su condición tendrán los más vulnerables?, ¿dónde se educarán los ciudadanos del futuro?, ¿o su destino será formar parte de bandas violentas?
La consigna debería ser, como nos dice Bertolt Brecht, no aceptar lo habitual como una cosa natural, “pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar.
