Educación

El archivo: la intervención militar a un proyecto de cultura popular

La nota de archivo recuerda la injerencia del gobierno de facto sobre La Vigil y el vaciamiento de la organización, hoy reconocida como Sitio de Memoria.

Sábado 13 de Marzo de 2021

Aunque como canta el querido artista popular “todo está guardado en la memoria”, el mes de marzo siempre ofrece una excusa irrenunciable para repasar lo acontecido en la historia reciente del país. Una buena oportunidad para recordar cómo transitaron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional aquellas instituciones dedicadas a la educación y la cultura de carácter democrático y popular. La Biblioteca Constancio Vigil fue y es ejemplo de este tipo de organizaciones de base, que con espíritu inclusivo marcó la diferencia en el sur de la ciudad.

La intervención militar ejercida sobre La Vigil es uno de esos casos emblemáticos de represión e intento de exterminio de todas aquellas organizaciones populares que pretendían democratizar el acceso a los bienes culturales a toda la comunidad. Un propósito insoportable para quienes tomaron el mando del país el 24 de marzo de 1976.

La operación fue rápida. En menos de un año de iniciado el Golpe, la mañana del viernes 25 de febrero de 1977 gran cantidad de camiones del ejército y policía de la provincia rodearon el enorme edificio de Gaboto y Alem comandados por el genocida Agustín Feced. El archivo del diario La Capital da cuenta de la intervención en una noticia publicada el sábado 26 de febrero de 1977. En la nota titulada “El gobierno intervino a la Biblioteca C. C. Vigil”, se comunicaba el articulado establecido por las fuerzas militares que se disponían a intervenir la entidad. “Artículo 1: intervenir la Asociación Biblioteca Popular C. C. Vigil, Cultural, Social y Mutual, y en consecuencia declarar caducas a las actuales autoridades. Artículo 2: designar interventor normalizador al Capitán de Corbeta Esteban César Molina, quien tendrá las facultades que el estatuto de la entidad asigna a la asamblea de socios y a la comisión directiva. Artículo 3: autorizar al interventor a designar colaboradores (...). Artículo 4: los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto serán a cargo de la asociación intervenida”.

La excusa de la intervención era una causa económica. El verdadero motivo: la capacidad arrolladora de una organización popular de carácter democrático que había hecho inmensa a la organización de Gaboto 450 y había posibilitado a los barrios del sur de Rosario mucho más que un acceso igualitario a la cultura.

Durante la década del 60 La Vigil ya había avanzado en la apertura de un jardín de infantes, contaba con servicio bibliotecario, editorial propia, un museo de ciencias naturales, observatorio astronómico, una universidad popular, un centro recreativo, cultural y deportivo, la caja de ayuda mutua, una guardería y un centro materno infantil. Los 70 dieron lugar a la creación del instituto secundario y la escuela primaria, ambas gratuitas, mixtas, laicas y de doble escolaridad. También se avanzaba en la creación de talleres de oficios, de modo tal que en 1977 la organización barrial contaba con 650 empleados, 2.700 vendedores y cobradores de rifas, 3 mil alumnos y alumnas en sus escuelas formales y no formales, y aproximadamente 20 mil socios.

A la propuesta autogestiva de crear, fortalecer y difundir cultura en la ciudad y la región, sobrevino una intervención que inéditamente duró 35 años y que implicó el vaciamiento cultural de la organización. Fue recién a partir de 2003 con las políticas de derechos humanos implementadas por el Estado nacional que se abrió la posibilidad de recuperación de La Vigil. En julio del 2008 se recuperó la personería jurídica original y en 2012 se dio por terminada la intervención.

El 4 de septiembre del 2015 La Vigil fue señalizada como Sitio de Memoria. Hoy se define como una organización recuperada gracias a la lucha de los vecinos, socios, ex alumnos y directivos. Los crímenes y delitos cometidos sobre las personas físicas (lo que implicó la cárcel y tortura de sus ex directivos) fueron juzgados dentro de la denominada causa Feced llI, en cuya sentencia dictada en mayo de 2020, se condenó a prisión perpetua a sus principales responsables.

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