Victoria: concejales piden a la Justicia que detenga la agricultura en las islas

Victoria.— En virtud de la escasa intervención del Ejecutivo municipal, dos concejales del oficialismo de esta ciudad hicieron una presentación ante la Justicia para que ordene el cumplimiento de las normas municipales vigentes y en consecuencia el cese de las obras de ingeniería y la actividad agrícola que la firma Bema Agri BV realiza en la isla Itapé, frente a Villa Constitución, dentro de la jurisdicción victoriense.

La acción, encabezada por el concejal Rodrigo Juárez y acompañada con la firma del edil José Molla, presidente del bloque justicialista, tiene por objeto la paralización de las actividades en ese lote dado que la empresa holandesa "incumplió expresamente las ordenanzas Nº 2.472, Nº 1.787 y Nº 2.185", que regulan entre otros puntos las actividades en la zona de islas y prohíben puntualmente la siembra y fumigación en el área.

En el escrito presentado ante la jueza en lo Civil y Comercial Maricela Faccendini, se detalla cronológicamente la seguidilla de sucesos en torno a la radicación de este emprendimiento, que dataría de marzo del año pasado, aunque fue detectada el 7 de agosto por la policía y la Delegación Municipal de Islas, que corrieron vista inmediata al Ejecutivo Municipal y a las autoridades provinciales.

"En la primera acta labrada se ha podido constatar la construcción de un importante terraplén y la existencia de determinadas maquinarias como una pala de arrastre, una desmalezadora, un tractor, una pala de empuje, un arado de disco y cincel. También se pudo observar un sembradío de trigo y avena de aproximadamente 10 hectáreas, un importante movimiento de tierra y/o terraplenes", denuncian en la presentación judicial.

"En una segunda acta del 26 de febrero de 2009 se registran testimonios sobre la existencia de una siembra de soja", que se estaría realizando en unas 560 hectáreas y con una proyección mayor dentro de los próximos cuatro años.

Desidia. Queda claro que el Ejecutivo comunal tuvo conocimiento prácticamente desde los inicios del emprendimiento, pero poco se sabe sobre su accionar al respecto. Hay quienes aseguran que se "cajoneó" el asunto, mientras en el lote 60 se erigieron kilómetros de terraplenes, se sembraron oleaginosas y se fumigó el área.

Desde la provincia se realizaron algunas evaluaciones e intimaciones a la firma para el cese de las obras, pero paradójicamente en este ámbito aún no hay normas que prohíban la actividad agrícola y la fumigación en los lotes privados del humedal, por lo que muy poco se podía hacer al respecto.

De allí que en la Legislatura entrerriana se rescató un proyecto de ley de prohibición de estas actividades en el delta entrerriano presentado en 2004 por el diputado victoriense Carlos Almada, el cual no tuvo tratamiento sino hasta después que estallara la polémica por el emprendimiento holandés.

Intervención. La fuerte repercusión mediática del caso llevó a que los concejales victorienses tomaran cartas en el asunto a raíz de la falta de respuestas por parte del Ejecutivo.

Como primera medida, requirieron al jefe comunal César Garcilazo que accionara judicialmente o recurriera a un amparo ambiental para detener las obras, a lo cual la Asesoría Letrada, a cargo de Héctor Marchese, advirtió sobre los riesgos y las consecuencias económicas que debería afrontar la comuna en caso de perder un juicio de esta naturaleza.

Para calmar las aguas, la Intendencia envió una tibia nota a Bema Agri BV solicitando informes sobre el emprendimiento que desarrolla en las islas y comunicando las normas vigentes, a lo que la firma habría respondido que desconocía que estaba en infracción y detalló las obras y sus expectativas a largo plazo.

Sin más avances que éstos y sin mayores perspectivas, Juárez y Molla resolvieron acudir personalmente al Juzgado Civil y Comercial y aguardan ahora su dictamen.