Más allá de la cuestión específica sobre el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación para el traspaso del sistema de subtes al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpelen el actual estado de situación en al menos dos aspectos claves: por un lado, la relación entre el Estado nacional y los estados subnacionales; y, en segundo término, las actitudes que deben imperar en todos los dirigentes que tenemos responsabilidades públicas gracias al voto popular.
La ciudad de Buenos Aires no es un distrito más. De acuerdo al Censo 2010, tiene una población de 2,9 millones de habitantes. Su población creció un 4,1 % respecto a 2001 mientras que el promedio del país registró un incremento poblacional entre censos del 10,6 %.
En la Caba se crea el 25 % del PBI de la Argentina, triplicando su Producto Bruto Geográfico a provincias como Santa Fe y Córdoba, que tienen poblaciones similares (inclusive algo mayores) y una superficie territorial mucho más extensa. El cruce de producto y población hace que la ciudad de Buenos Aires tenga el Producto Bruto per Cápita más alto de la Argentina, triplicando los valores de Santa Fe, Córdoba o San Luis y significando casi ocho veces el de Formosa o Santiago del Estero.
Para el año en curso, el presupuesto de la Caba ronda los 32 mil millones de pesos y, según consta en el mensaje de elevación a la Legislatura enviado el año pasado por Mauricio Macri, “el porcentaje de recursos tributarios propios respecto de los recursos tributarios totales en la ciudad es del 89,2 por ciento”, lo cual explica una importante capacidad de autofinanciamiento de sus cuentas públicas.
Mientras que eso sucede en la Caba, la realidad de la integralidad del territorio nacional presenta situaciones mucho más complejas. Gobernadores de provincias menos ricas, que arrastran problemas de desarrollo estructurales y con menores posibilidades presupuestarias, asumen cotidianamente todas las responsabilidades que les implica la tarea para la cual fueron elegidos por sus pueblos. Miles de intendentes ponen todos los días la cara ante los vecinos que buscan en la administración del Estado municipal una respuesta a sus problemas. En sentido contrario, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide firmar a inicios de enero un acuerdo con el gobierno nacional para el traspaso del subte y, a menos de 60 días, se da el lujo de volver sobre sus pasos renunciando en forma unilateral a lo que se había comprometido.
Cuando me enteré de esta decisión, lo primero que pensé es en la ciudad en donde vivo. Y realmente no me imaginaba a la actual intendenta de Rosario renunciando a su responsabilidad sobre el transporte urbano de la ciudad. Lo mismo podría decirse de Córdoba y de todas las ciudades del país que tienen que administrar su propio sistema. Parece absolutamente razonable que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires asuma la total potestad sobre el subte, el premetro y las líneas de ómnibus que transportan a sus habitantes. ¿Por qué los porteños no pueden decidir participativamente? −entre otras cosas− sobre recorridos, paradas y horarios de los servicios? ¿Por qué no pueden decidir sobre las empresas concesionarias? ¿Por qué no pueden controlar a quienes prestan el servicio? Pero para que eso suceda, Macri y el gobierno de la Caba tienen que hacerse cargo. No sería más que un verdadero acto de justicia con sus habitantes y con todos los intendentes y gobernadores del país.
Considero que el tratamiento en el Congreso del proyecto recientemente enviado por el Ejecutivo Nacional es una real oportunidad para el debate acerca de un modelo de país y un modelo de gestión. Se discute mucho más que el mero traspaso de responsabilidades en materia de subtes y colectivos en la ciudad de Buenos Aires. Se pone sobre el tapete la forma de relacionamiento de la Caba con el resto de las jurisdicciones provinciales y con el mismísimo Estado nacional, quien debe velar por un desarrollo económico y social cada vez más equilibrado territorialmente.
Aquí hay, en definitiva, una nueva manera de gestionar, de gobernar, iniciada en 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación y hoy refrendada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el acto de su asunción como presidente, Néstor Kirchner dijo que “los diagnósticos sobre la crisis no bastarán ni serán suficientes, se analizarán conductas y los resultados de las acciones”. Los argentinos, desde el 25 de mayo de 2003, vienen pidiendo otra cosa: quieren dirigentes comprometidos en la resolución de los problemas, aunque son conscientes de que no se puede pasar −de un día para el otro− del infierno al paraíso. Pero se necesita decisión, coraje, ideas audaces y capacidad técnica para asumir y generar los cambios necesarios. El mismísimo Kirchner y nuestra actual presidenta pueden dar fe de esta pasión por transformar las cosas en sentido positivo. El debate próximo en el Congreso sobre la cuestión de los subtes y el sistema de ómnibus en la ciudad de Buenos Aires será una oportunidad para analizar en qué medida estos vientos de cambio llegaron a la forma de gestionar la capital de todos los argentinos.
(*) Presidente del
bloque de diputados del
Frente para la Victoria
