Tartagal, la localidad salteña que el lunes pasado sufrió un aluvión que devastó la zona, podría verse afectada por nuevas lluvias durante los próximos días, mientras personal sanitario mantiene ingentes esfuerzos para evitar un brote epidémico de dengue.
Ayer, la devastada ciudad distante 365 kilómetros al norte de la capital tuvo buen clima lo que ayudó a las tareas de extracción de toneladas de lodo y escombros en las zonas afectadas.
También se intensificó la entrega de ropa, alimentos no perecederos y otros elementos por parte del Estado, particulares y organizaciones no gubernamentales, lo que alcanzó a disminuir el nivel de ansiedad de las personas que quedaron a la intemperie.
Sin embargo, algunos vecinos continuaban reclamando agua mineral, colchones, elementos de higiene y ropa seca.
"La situación se va controlando de a poco", dijo el intendente de Tartagal, Sergio Leavy, quien agregó que "es mucho lo que nos queda por delante, pero estamos trabajando junto a la Nación y la provincia para reconstruir esta ciudad"
Leavy recalcó que lo fundamental es que la gente "pueda volver lo antes posible a su vida normal".
Mientras tanto, topadoras y palas mecánicas siguieron con la tarea de despejar las laderas del río Tartagal de la acumulación de troncos arrancados por la creciente.
Toneladas de árboles y ramas eran cargadas en camiones de gran porte. Los especialistas, sin embargo, estiman que los trabajos podrían demandar varias semanas.
Algunos observadores, que mantienen la hipótesis de que el desastre natural fue provocado por los desmontes para la producción agropecuaria y la extracción de madera, señalaron que la mayoría de los troncos arrastrados por el río tienen marcas de haber sido previamente talados.
"Etnocidio". Norma Naharro, directora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Salta, aseguró ayer que "la tala expulsa a poblaciones originales y campesinos. Se trata de un etnocidio que avanza con topadoras y no con fusiles, como en el siglo XIX".
Explicó que "por eso hay protestas, cortes de rutas y presentaciones judiciales por parte de los pobladores".
Naharro, quien además integra el foro conformado por el Programa Social Agropecuario, Instituto de la Universidad Nacional de Salta, Fundapaz, Asociana y Tepeyac, advirtió que "habrá más presentaciones y movilizaciones de los afectados".
"La situación es grave y puede llegar otro alud. Ya en 2006, estudios sobre el río Tartagal alertaban sobre efectos de los desmontes y de las picadas abiertas por petroleras", afirmó.
"No hubo más lluvias de las habituales pero aumentó la desprotección del suelo", explicó.
También, señaló que "en las serranías de Tartagal, la tala destruye árboles que sostienen a la tierra. Y, en la llanuras del este, se aceleran talas autorizadas para cultivar soja".
Sobre la ley de reordenamiento territorial, sancionada en 2008. dijo que "es una aberración, porque no respeta criterios de protección ambiental y legaliza el saqueo. Por ejemplo, permite desmontes de 15 grados de pendiente, lo que es una caída muy pronunciada y puede provocar un alud".
En ese marco, recordó que la Corte Suprema realizará mañana una audiencia para tratar la tragedia. Pero, ya a fines de 2008 había recibido un advertencia de la comunidad wichi sobre la tala, que desplaza de sus tierras a la comunidad aborigen y genera desequilibrio en el ecosistema.
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Por Facundo Borrego
