Tartagal, la localidad salteña que el lunes pasado sufrió un aluvión que devastó
la zona, podría verse afectada por nuevas lluvias durante los próximos días, mientras personal
sanitario mantiene ingentes esfuerzos para evitar un brote epidémico de dengue.
Ayer, la devastada ciudad distante 365 kilómetros al norte de la
capital tuvo buen clima lo que ayudó a las tareas de extracción de toneladas de lodo y escombros en
las zonas afectadas.
También se intensificó la entrega de ropa, alimentos no
perecederos y otros elementos por parte del Estado, particulares y organizaciones no
gubernamentales, lo que alcanzó a disminuir el nivel de ansiedad de las personas que quedaron a la
intemperie.
Sin embargo, algunos vecinos continuaban reclamando agua
mineral, colchones, elementos de higiene y ropa seca.
"La situación se va controlando de a poco", dijo el
intendente de Tartagal, Sergio Leavy, quien agregó que "es mucho lo que nos queda por delante, pero
estamos trabajando junto a la Nación y la provincia para reconstruir esta ciudad"
Leavy recalcó que lo fundamental es que la gente "pueda
volver lo antes posible a su vida normal".
Mientras tanto, topadoras y palas mecánicas siguieron con
la tarea de despejar las laderas del río Tartagal de la acumulación de troncos arrancados por la
creciente.
Toneladas de árboles y ramas eran cargadas en camiones de
gran porte. Los especialistas, sin embargo, estiman que los trabajos podrían demandar varias
semanas.
Algunos observadores, que mantienen la hipótesis de que el
desastre natural fue provocado por los desmontes para la producción agropecuaria y la extracción de
madera, señalaron que la mayoría de los troncos arrastrados por el río tienen marcas de haber sido
previamente talados.
"Etnocidio". Norma Naharro, directora de la Escuela de Antropología de la
Universidad de Salta, aseguró ayer que "la tala expulsa a poblaciones originales y campesinos. Se
trata de un etnocidio que avanza con topadoras y no con fusiles, como en el siglo XIX".
Explicó que "por eso hay protestas, cortes de rutas y
presentaciones judiciales por parte de los pobladores".
Naharro, quien además integra el foro conformado por el Programa
Social Agropecuario, Instituto de la Universidad Nacional de Salta, Fundapaz, Asociana y Tepeyac,
advirtió que "habrá más presentaciones y movilizaciones de los afectados".
"La situación es grave y puede llegar otro alud. Ya en 2006,
estudios sobre el río Tartagal alertaban sobre efectos de los desmontes y de las picadas abiertas
por petroleras", afirmó.
"No hubo más lluvias de las habituales pero aumentó la
desprotección del suelo", explicó.
También, señaló que "en las serranías de Tartagal, la tala
destruye árboles que sostienen a la tierra. Y, en la llanuras del este, se aceleran talas
autorizadas para cultivar soja".
Sobre la ley de reordenamiento territorial, sancionada en 2008.
dijo que "es una aberración, porque no respeta criterios de protección ambiental y legaliza el
saqueo. Por ejemplo, permite desmontes de 15 grados de pendiente, lo que es una caída muy
pronunciada y puede provocar un alud".
En ese marco, recordó que la Corte Suprema realizará mañana una audiencia para
tratar la tragedia. Pero, ya a fines de 2008 había recibido un advertencia de la comunidad wichi
sobre la tala, que desplaza de sus tierras a la comunidad aborigen y genera desequilibrio en el
ecosistema.