Sobre robos con rehenes y veredictos de la bronca

Imaginemos los sentimientos del médico que está en un quirófano operando y es sorprendido por un asaltante que retiene a los pacientes, les empieza a robar y está en el hall de su clínica cuando se desata un tiroteo al llegar la policía. Imaginamos y entendemos: ese médico pasará por un frenesí de sensaciones que lo llevarán del sobresalto al miedo y de allí a la bronca.

Pero por dolorosa o brutal que sea una injusticia, cualquier cosa que diga quien la sufre no se convierte automáticamente en verdad. Que alguien necesite desahogarse es comprensible, que el resultado del desahogo sea irrebatible es dudoso.

"Hay que saber quiénes son estos delincuentes que permiten que estas personas queden libres", dijo el propietario de la clínica a la que ingresó el martes Ricardo Albertengo, cuando se supo que este hombre cumplía una condena a veinte años de prisión por un homicidio ocurrido en 1994 y que gozaba de salidas laborales. "Lo que quiero saber es el nombre del juez que permite la salida, ese juez está entre nosotros, quizás juega al fútbol con amigos, tiene chicos en el colegio y esa persona tuvo una actitud delincuente al liberar a estas personas. Entonces hay que saber el nombre, saber qué hace, qué frecuenta. A esas personas hay que ralearlas, hay que señalarlas con el dedo, tenemos que saber quiénes son los que liberan a los delincuentes", agregó el médico.

La bronca nos instala en situaciones de justicia sumaria. La bronca suplanta el camino de probar lo que se dice y dicta sentencia sin necesidad de establecer la autenticidad de aquello que se expulsa desde las tripas. Tenemos un asaltante que recibió una condena por homicidio que vuelve a delinquir. La contundencia de ese resultado nos hace tomar atajos peligrosos. Primero concluimos que la salida de esa persona estuvo mal y que su impulsor —por negligencia, por corrupción, por desdén— es un culpable a castigar. Enseguida expresamos el veredicto sin necesidad de prueba alguna.

Un axioma en Derecho Penal plantea que la pena no puede ser superior a la culpa. Y la finalidad de la pena es que la sociedad recupere a la persona que transitoriamente aparta. Ambas razones tienen dos efectos: A) La pena en algún momento deberá ir terminando. B) Para que ello pase el penado, siempre que cumpla requisitos, debe ir progresivamente retornando al medio del que fue apartado. Si lo que se pretende es que esto no pase más no hay ya que enmendar una ley, sino la Constitución nacional.

En Santa Fe sólo entre un 2 y un 4 por ciento de los presos con salidas transitorias incumple la promesa que le permitió alcanzar ese beneficio legal. Esto quiere decir que el 96 por ciento acata lo pactado con un esfuerzo descomunal porque, en general, la sociedad no espera con oportunidades al que tuvo una condena. Pese a estar destinado a un medio donde la violencia trepa, este sistema funciona en muy alta proporción.

Pero cuando pasan hechos como los protagonizados por Albertengo todo se adjudica al descontrol o a la corrupción de algún tercero. A veces, cómo no, podrá ser. Pero no siempre. Las cosas que nos disgustan pueden pasar sin que la indiferencia o malicia de alguien las active.

A veces ocurren porque nada puede evitar que pasen. Albertengo es culpable de volver a delinquir. Pero personas en su situación y con su beneficio, en abrumadora mayoría, no hacen lo que hizo Albertengo. Y es injusto que el delito de Albertengo sea el árbol que cubra el bosque formado por todos los que en silencio van consiguiendo retornar a la sociedad.

Detrás de los egresos de Albertengo hubo controles: un órgano interdisciplinario valoró su conducta, analizó los certificados laborales que obtenía en escuelas en las que se capacitaba, advirtió sus nulas sanciones en 15 años en prisión. En virtud de todo eso varios jueces le concedieron salidas que una ley en vigencia, acaso mejorable, decía que merecía.

Lo que ningún órgano criminológico, ni psicólogo, ni juez podrá hacer es predecir qué hará una persona en el futuro. Con esa incertidumbre deberemos vivir. Es lo mismo que cuando compramos un auto: no podemos pedirle a la automotriz que nos garantice que no tendremos un accidente. Podemos tenerlo aun cuando nosotros hagamos todo bien. La velocidad de las cosas —como plantea Paul Virilio— nos obligará a aceptar que ante ciertas situaciones siempre estaremos en riesgo.

Imaginemos ahora otra situación. Un paciente pierde la vida durante una cirugía. Alguien allegado al paciente está enardecido. Ignora si el médico tiene culpa alguna en la operación, si fue negligente, si hubo mala praxis. Pero está enojado con el resultado y acusa al médico, lo trata de delincuente, invita a la gente a señalarlo con el dedo por la calle.

La bronca nos instala en el dictado de sentencias sin juicio. Esa actitud es como un bumerán: cualquiera la puede lanzar pero le puede caer a cualquiera. Tan imprevisible como el peligro que pretende desterrar.