Recetas fallidas: sobre linchamientos y pena de muerte

"Rosario se está haciendo una negra fama por sus crónicas criminalistas, alevosos asesinatos que en su mayoría quedan impunes… El bandidaje a la luz del día y en el corazón de la ciudad. Nueva Calabria o Nueva Sierra Morena, el Rosario es hoy patrimonio de facinerosos que contando con la impotencia o el abandono de las autoridades ejecutan tranquilamente sus fechorías".

(Diario El Municipio,

27 de mayo de 1891)

El ritmo ascendente de la violencia urbana en Rosario, la capital exportadora más pujante del interior, se incrementó como consecuencia de la gran crisis financiera, económica, social y política de 1890, que afectó en primer término a la población de más bajos recursos, y por la presencia de un copioso parque de armas y municiones. En los primeros 28 días de mayo de 1891, en una ciudad de 70 mil habitantes, se registraron 10 homicidios, 14 heridos y 14 detenidos. El Jefe de Policía ordenó una redada general para dar con las armas utilizadas, comenzando por las casas de tolerancia y los cafés de los suburbios, quitándose gran número de revólveres y puñales. Según la crónica periodística se reunió "un verdadero arsenal", aplicándose una multa de 25 pesos por las armas de fuego y 12 pesos por las armas blancas. Aunque advertía: "Esa gente pendenciera no tardaría en armarse nuevamente". (1)

El 30 de mayo se conoció un edicto del jefe de Policía, Manuel Cilvetti, estableciendo que sólo podrían usar armas las personas que justificaran motivo para ello. Las autorizaciones serían solicitadas por escrito registrándose en un libro, con la especificación de números, nombre, edad, profesión y domicilio, siendo válida por un año. Recomendaba a los empleados encargados de llevar el libro, hacerlo con "moderación y cultura", "imponiendo" este registro de manera obligatoria en los prostíbulos. (2)

La criminalidad llevó también al intendente de Rosario a prohibir los dramas criollos representados en las salas teatrales, por el contenido y porque no faltaba quien en el público no discriminaba la realidad y la representación artística queriendo hacer justicia por manos propia. (3)

Uno de los funcionarios más lúcidos de su tiempo, el intendente rosarino y luego ministro de Justicia, Agricultura e Instrucción Pública de Santa Fe, el demógrafo Gabriel Carrasco, participó activamente en las denominadas campañas públicas, exteriorizadas a través de petitorios, denuncias, manifestaciones callejeras, y "mitines" reclamando por la "moralización" del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad. Siendo miembro del gobierno provincial no dudó en reconocer la gravedad y la complejidad de la problemática que se vivía, trabajando sin pausa en la adopción de medidas y resoluciones al respecto. Definió a la Justicia provincial como "Tardía, cara y dudosa" pero impulsó una reforma integral de la Ley Orgánica de los Tribunales.

Era público su interés en modificar el sistema de elección de la justicia de paz: había manifestado que mientras no se modificara la mala legislación existente se tendría que lamentar la repetición de linchamientos, producto del sentimiento de indefensión que se vivía en la campaña. (4)

Las revoluciones de julio y septiembre de 1893, en la que los militantes de la Unión Cívica Radical se levantaron en armas exigiendo al régimen roquista, y sus gobiernos provinciales, la realización de comicios libres y sin fraudes, provocaron el acuartelamiento de los vigilantes y el recambio sucesivo de los comisarios. Los distintos interventores nacionales en la provincia de Santa Fe después de la renuncia del gobernador Juan Manuel Cafferata no lograron el desarme de Rosario, y quedó un inmenso parque en poder de particulares, el que fue comercializado en los mercados del "bajo mundo". Cuando se produjo el desbande radical en la madrugada del 2 de octubre, gran cantidad de personas se apoderaron del armamento que estos fueron dejando atrás: fusiles, carabinas, revólveres, sables, bayonetas, y municiones de toda índole.

A pesar de la fuerte presencia de las tropas del Ejército Nacional, acuarteladas en Rosario, a partir de septiembre del 93, el mundo delictivo de Rosario siguió operando con gran impunidad hasta que Domínguez decidió disciplinar la policía y prepararla para que interviniera con decisión en los procedimientos. Aplicó con rigurosidad el decreto contra la vagancia y criminalidad, de 1892, que establecía que toda persona que no tuviera papel de conchabo, o de trabajo, debía ir a la cárcel. A partir de entonces todo desocupado, sin indagar las causas, debía ser remitido a prisión como medida precautoria. (5)

La reglamentación y organización del personal policial, el establecimiento de rondines permanentes, la implementación del servicio de partes telegráficos para mantener unidas a todas las comisarías con la Jefatura, el establecimiento de fuertes multas por contravenciones, y el combate del juego clandestino, si bien paliaron la situación no consiguieron una disminución de los índices de la criminalidad.

El gobernador autoriza el fusilamiento de un reo. Una impotencia que se tradujo en 1894 en una discusión pública sobre la conveniencia o no de adoptar la pena de muerte. El gobernador Luciano Leiva se mostró firme partidario de su aplicación en la persona de un sentenciado por asesinato, el reo Azcurra. De nada sirvieron la oposición de la prensa opositora e independiente de Rosario y Santa Fe, que vieron en el ajusticiamiento de aquel hombre un retroceso institucional. Las sociedades piadosas y de beneficencia de Rosario se dirigieron al gobernador pidiéndole que suspendiera tal medida. Pero este siguió adelante y cumplió la decisión de la Suprema Corte. (6). Azcurra fue fusilado, y los días que antecedieron a su muerte la prensa se ocupó abundantemente del caso dado el interés de la población. Desde 1877 no se aplicaba en la provincia la pena de muerte.

De las principales notas y solicitudes arribadas a la jefatura política de Rosario, en el segundo semestre de 1894, se destacan los siguientes pedidos de autorización: para introducir armamentos a la plaza del Rosario; portar armas; y todo lo relacionado con la utilización y propiedad de los caballos. El argumento principal del que pedía se le permitiese usar armas era la necesidad de protegerse para poder trabajar de noche, transitar por los barrios y viajar a las colonias aledañas. Comerciantes y mercachifles de Rosario concordaban en que no se podía transitar de noche la ciudad sin armas. Los serenos e inspectores de ferrocarril volvieron a cargar el fusil al hombro como en décadas pasadas, por autorización de la jefatura. (7) Los trabajadores nocturnos de la empresa de agua potable también obtuvieron permiso para hacer sus reparaciones nocturnas armados a rifle. (8) El procedimiento habitual consistió en que el comisario de la sección atestiguara ante el jefe político sobre la necesidad del solicitante de llevar el arma, y recién después se concedía el permiso.

Asimismo sobresalen en la documentación policial las numerosas peticiones para introducir armas y pólvora, procedentes del exterior, al puerto de Rosario. La mayor parte quedaba en la misma ciudad, un porcentaje notoriamente inferior pasaba a las colonias y pueblos de la campaña, y otro se destinaba a distintos puntos de la república, en especial a la vecina provincia de Córdoba.

La entrada de pólvora por el puerto de Rosario no se interrumpió durante 1894. El 80 por ciento de la misma quedaba bajo el control directo del Ejército Nacional y la Jefatura Política, depositada en el pontón "Alpheta", amarrado en el puerto, donde se guardaba material explosivo desde hacía tres años atrás, y sólo a través del jefe político, la pólvora podía salir con fines comerciales.

Un estudio focalizado sobre los partes de las comisarías en la primera quincena de febrero de 1894, un período clave desde el punto de vista político porque en su transcurso debían realizarse las elecciones provinciales, permite determinar que la principal causa de arresto fue el escándalo en la vía pública, entendido como tal toda alteración del orden. Pero los escándalos no estuvieron relacionados con la actividad política, limitada por la vigencia del Estado de Sitio; y sí con las riñas y disputas protagonizados por delincuentes comunes a causa de la ebriedad.

Al escándalo, como causal de arresto, siguieron la ebriedad, el desorden, y el desacato, y en mucho menor medida el robo, y la agresión física sangrienta.

Esta situación de violencia tuvo su triste epílogo cuando, en diciembre de 1897, fue asesinado en la vía pública el Jefe Político de Rosario, suprema autoridad política y policial del departamento, don Floduardo Grandoli, por un ex empleado público, vinculado a la política oficialista, a quien el funcionario se había negado a darle un puesto "ficticio" con sueldo. (9)

(1) El Municipio, 2 de junio de 1891. (2) La Opinión, 21 de agosto de 1891. (3) Oscar Luis Ensinck, "El teatro en Rosario", Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe, 1967, p. 346. (4) Gabriel Carrasco, El primer linchamiento. El Economista Argentino, 26 de abril de 1892. (5) Archivo del Museo Histórico Provincial de Rosario "Dr. Julio Marc". Archivo de la Jefatura Política, t. II, año 1894, Impreso oficial. (6) La Capital, 9 de mayo de 1894. (7) AMHPRJM-Archivo de la Jefatura Política, t. I, año 1894. Solicitudes varias. (8) Ibídem. (9) El Orden, 7 de diciembre de 1897.

(*) Historiador