Gracias al periodista Jorge Lanata y otros medios me enteré de la posibilidad de una nueva operación de la mafia corporativa judicial, que quiere desplazar al juez Lijo de una causa, vox populi, de corrupción que involucra nada menos que al vicepresidente de la Nación. Ya van cuatro removidos a los efectos de imposibilitar descubrir ese misterioso enredo, con manifiestos socios, que no son más que simples delincuentes. La obstinada forma de proteger a Boudou por parte de la presidente, incluso con su silencio, no hace más que abonar la teoría de estar también en esa suerte de asociación de la que habla el Código Penal en el artículo 210: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.
