Presupuesto: avanza causa por denuncia de sobornos

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría espera que la Cámara de Diputados de la Nación le responda si la autoriza o no a acceder a las llamadas que recibieron e hicieron dos legisladoras durante la sesión por la sanción de la ley de presupuesto, quienes denunciaron haber recibido ofrecimientos de funcionarios del gobierno para cambiar su voto.

La magistrada envió a mediados de diciembre un oficio al titular de Diputados, el kirchnerista Eduardo Fellner, pero todavía no recibió respuesta de lo que considera como una prueba importante para avanzar en la causa.

Se trata de las llamadas que recibieron e hicieron durante la sesión las diputadas Cynthia Hotton (Valores para mi País) y Elsa Alvarez (UCR), quienes públicamente denunciaron que la noche del 9 de noviembre pasado hablaron telefónicamente con dirigentes del kirchnerismo que les pidieron que modificaran su voto contra el presupuesto, o se ausentaran de la sesión.

Además, la jueza le pidió a la Policía Federal que secuestre un video del programa "Caiga Quien Caiga" en el que la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich habría dicho que otros legisladores también recibieron llamados para cambiar sus votos.

Servini busca determinar si Bullrich realizó esa afirmación, para -en ese caso- citarla como testigo, tal como le solicitó el fiscal Federico Delgado.

La diputada Alvarez declaró ante la Justicia que durante la sesión se comunicaron con ella el intendente de su localidad, Puerto San Julián, Nelson Gleadell, un secretario del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el actual titular de Sedronar José Granero, para preguntarle cómo iba a votar y si se podía ausentar del recinto para favorecer al Gobierno.

Por su parte, Hotton sostuvo que llamó a la vicepresidenta de la Cámara, la kirchnerista Patricia Fadel, para hablar de un proyecto de ley sobre violencia de género, y que ésta le dijo que a cambio de su voto podía recibir favores para su banca y apoyo a sus proyectos.

Por el momento la causa no tiene imputados, y la jueza Servini y el fiscal Federico Delgado investigan las denuncias de los abogados Ricardo Monner Sans y León Chaia para que se investigue si hubo o no intentos de sobornos durante la discusión del proyecto de ley.