Las autoridades municipales de la capital correntina expresaron su preocupación por la existencia de 24 asentamientos sólo en la ciudad, una situación que −aseguran− les fue heredada por la anterior gestión de gobierno y por la cual han impulsado un debate sobre la redistribución y tenencia de las tierras.
“En la actualidad tenemos unos 24 asentamientos irregulares, mientras que entre un 10 y 15 por ciento de la población local se encuentra marginada del acceso a la tierra en el mercado inmobiliario formal”, aseguró Miguel Villalba, subsecretario de Tierra y Hábitat de la Municipalidad de Corrientes.
El subsecretario municipal aseveró que esta situación arrastra varios años de desatención, ya que “al asumir en diciembre de 2009 nos encontramos con antecedentes sobre algunas intervenciones del Instituto de Vivienda de Corrientes, pero no había estudios específicos ni información sobre las familias que están instaladas”.
El pasado 8 de octubre se realizó el Primer Encuentro por el Derecho a la Tierra, que reunió a miembros de la Delegación Corrientes de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Benjamín Leiva, el intendente Carlos Espínola, además de Cáritas Diocesana y la Unión de Pequeños Productores.
En la comuna preocupa la proliferación de asentamientos ilegales en los últimos años. Fenómeno al que no pudieron dar soluciones los funcionarios del municipio y de la provincia.
“Estamos evaluando la posibilidad de expropiaciones y también la adquisición de algunos terrenos, mediante la creación de un fondo especial, ya que el municipio correntino tiene muy poco suelo disponible para la construcción de viviendas, y lo poco que existe está destinado a espacios públicos”, aseguró Villalba.
El funcionario municipal indicó, asimismo, que el grueso de los asentamientos irregulares en la ciudad se encuentra erigido sobre tierras privadas, amén de que “las familias están totalmente al margen de los servicios públicos, porque la mayoría vive en base a conexiones clandestinas de energía y agua de muy baja calidad”. “Esta gente vive al margen de la educación, la salud y de los servicios básicos, es un sector excluido y a la municipalidad la impacta en forma directa”, acotó Villalba y dijo que en la mayoría de los casos se trata de “gente que ha sido expulsada del campo” por el mismo motivo, la falta de tierras. (DyN)
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