Mi nombre es Rosana Fernández, tengo 42 años y hace 6 años tuve la ocurrencia de tener a mi hermosa hija con síndrome de Down. Pude haber elegido que naciera como el resto, como los que en este momento gerencian las obras sociales, dirigen las escuelas y como aquellos que hablan de incluir e integrar a las personas con discapacidad. Pero no, me empeciné en que mi hija naciera con este estigma, puse tres cromosomas en el par 21 para que sufra discriminación, para sufrir junto con ella los rechazos permanentes a los que somos sometidas por parte de algunas instituciones de nuestro generoso país. Por supuesto, escribo desde el dolor, desde la bronca, la impotencia y la desesperación de sentirme vapuleada, discriminada y expulsada de una sociedad en la que está abierta a muchos logros, y en la que se habla de inclusión y de integración pero que en la práctica, a veces, dista años luz. Hace dos años vivimos un derrotero de más de 20 escuelas, en su mayoría privadas y muchas de ellas religiosas. Hoy sufrimos la discriminación de las obras sociales. Según la ley "cualquier ciudadano puede optar por el cambio de obra social una vez al año", les faltó agregar "cualquier ciudadano que no haya nacido con alguna discapacidad" porque parece que eso leen las obras sociales, ya que no respetan una ley que en la teoría es para todos. Andar, mi obra social actual no le paga las prestaciones por fonoaudiología a mi hija, única prestación que necesita por el momento, porque por suerte Gina nació sana. Diez mil pesos de deuda hasta la fecha. Por ese motivo, decidí migrar hacia otra obra social. Desde el mes de diciembre de 2012 fui consultando varias de ellas con el certificado de discapacidad en mano, y sólo recibí por parte de las benditas organizaciones que manejan la salud negativas encubiertas detrás de un "por Gina deberá abonar dos y en otros casos tres cuotas más de lo que se descuenta habitualmente", cuestión que ya no me asombraba pero que tampoco podía afrontar. El caso de Jerárquicos Salud (Asociación Mutual de Bancos Oficiales Nacionales) fue la gota que rebalsó mi vaso. Ellos sí nos habían aceptado. A principios de junio firmé los formularios para el traspaso de la obra social Andar a Jerárquicos Salud, entregué las fotocopias correspondientes y tenía asignado el plan y el importe a abonar por el grupo familiar de 279 pesos. La felicidad y el alivio que sentí en ese momento no puedo describirla. Ya estaba todo ingresado y debía esperar las credenciales, sin cuestionamientos, sin diferencias y sin dificultades. Luego de la espera reglamentaria (90 días) y al no recibirlas comencé a sospechar y a reclamar. Después de varios emails, durante varios días y a diversas personas solicitándoles "por favor" que me informaran; me respondieron que el ingreso de mi grupo familiar "no era viable" y que si quería igualmente afiliarme debería pagar 7.700 pesos sólo por Gina y los 299 pesos (actualizados a esa fecha). Ellos son uno más de los que han rechazado a Gina, a ella y a tantos otros que no tienen voz pero que en algún momento tendrán voto. Necesito seguir educando e integrando a mi hija, necesito que las instituciones de las que tanto hablan de integración e inclusión nos acompañen. Pido que las leyes se cumplan, y si no se cumplen, que sancionen a quienes corresponda para que no vuelva a ocurrir. Quiero que esto cambie para el bien de toda la gente con discapacidad que requiere de tratamientos. Quiero vivir en un país igualitario. Quiero vivir en un país de verdad para que la autonomía y la independencia que tratamos de generar en nuestros hijos valgan la pena, las lágrimas y el sacrificio.
