El juez civil y comercial de Rosario acusado de autorizar oficios con órdenes de pago de juicios falsos para que un grupo de abogados y un martillero absorbieran dinero de cuentas judiciales inmovilizadas, apuntó directamente a la impericia del Banco Municipal de Rosario, encargado de controlar los fondos. La estrategia del magistrado —apartado de su cargo y en proceso de jury— busca despegarse de las graves imputaciones como asociación ilícita, defraudación y estafa. A las pocos días de conocerse una pericia caligráfica a través de la cual se confirmó que los 57 oficios para el cobro de remanente de fondos judiciales salieron del juzgado Civil y Comercial Nº 17 con la firma auténtica del juez Alejandro Pedro Martín, la de su secretario y el sello oficial del despacho, el funcionario presentó ayer una denuncia contra las autoridades del Banco Municipal.
El magistrado hace hincapié en el incumplimiento por parte del banco rosarino de una normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que da pautas para el manejo administrativo de esa cuentas judiciales. La presentación se hizo ante la jueza de Instrucción Penal Nº 12, Mónica Lamperti, a cargo de investigar un caso que escandaliza al Poder Judicial local. Además, Martín fue denunciado el miércoles en la Justicia Federal por lavado de dinero.
"El acceso de parte de abogados que no respondían al perfil de usuarios para que obtuvieran información con el sólo pedido de los depósitos judiciales de terceros, configuró una flagrante violación al artículo 39 de la ley 21.526 de entidades financieras" (ver aparte), remarca Martín en un escrito avalado por sus abogados Carlos Edwards, Carlos Varela y Adrián Martínez.
De ese modo, Martín busca despegarse de las acusaciones y aparecer como un convidado de piedra de los abogados Luciano G.M, Jorge H. y Martín S.; y los martilleros Osvaldo K. y David B., todos imputados junto a él y el secretario del juzgado, Ricardo Lavaca, de conformar una asociación ilícita, estafa, defraudación, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario.
¿Informante? "El Banco Municipal, a partir del personal afectado al manejo de las cuentas judiciales, violó el secreto bancario, protegido por la ley.
"Esa violación se configura en razón de que los depósitos judiciales son esencialmente operaciones pasivas para el banco, que resultan depósitos que deben ser a la vista, deuda susceptible de ser cobrada ante requerimiento de sus titulares", remarca Martín sobre el encargado de administrar las cuentas.
Y enumera los errores en los que habría incurrido la institución: reglamentó en contrario de la normativa del BCRA su propio régimen de seguridad; y dispuso de personal para que, sin contar con ningún protocolo de seguridad, emitiera informes al sólo pedido de los abogados", describe Martín.
En ese camino, el funcionario apunta que el Banco local incurrió en "una evidente responsabilidad penal por omisión impropia en calidad de coautor de todos los delitos imputados por la jueza en la causa".
En noviembre de 2012 el Banco Municipal denunció los hechos registrados entre julio de 2010 y agosto de 2012.
Expuso que los imputados cobraron saldos de fondos judiciales inmovilizadas de expedientes cerrados (remates, sucesiones o embargos), a través de ordenes de pago del juzgado de Martín, por un monto cercano a 1 millón 50 mil pesos.
La entidad amplió la denuncia en diciembre.
Esta vez apuntó al juzgado civil y comercial Nº 1, donde en 2010 se tramitaron 18 oficios en su mayoría firmados por el ex juez Jorge Scavone (al frente del despacho de 1984 a diciembre de 2010). Tras el alejamiento del juez, un secretario, Sergio González, rubricó oficios de dudosa legitimidad, lo que obligó a la Corte Suprema a apartarlo de sus funciones.
