Debo comenzar por aclarar que no soy político sino un simple ciudadano de a pie, y por eso puedo sacar a la luz la realidad. Bueno, los desbordes de la naturaleza no pueden ser previstos, pero sí se pueden tomar medidas para evitar los daños. Por todo lo que he leído y visto por la televisión, no cabe ninguna duda de que las inundaciones se han producido donde lógicamente correspondían que se produjesen, sobre los lechos de arroyos o lugares donde históricamente corrían las aguas de las precipitaciones importantes. Vélez Sarsfield ya dispuso en el Código Civil una serie de normas (arts. 2634; 2647; 2651 y concordantes) que disponen en resumen que no se puede interrumpir el curso natural de las aguas, y esto nos coloca ante el primer error que se ha cometido, y el principal responsable de lo acaecido, porque quien construyó interrumpiendo el curso natural del agua es el culpable de lo que le sucedió. Claro, se podrá decir que no estaba en condiciones de saberlo y esto nos coloca ante el principal responsable, el Estado que no debió permitir construir en esos lugares, por los que las aguas debían escurrir. Por lo tanto, yo estimo que en todas aquellas propiedades a las que se otorgó permiso de construcción es el Estado quien debe responder, porque el Estado es quien posee toda la información e instituciones especializadas para saber por dónde deben escurrir las aguas. Ahora analicemos a quienes han construido sin autorización para hacerlo en lugares que se saben inundables. También me he cansado de ver por televisión a muchísima gente y familias entrevistadas que se quejaban de que ya habían sufrido inundaciones anteriormente en el mismo sitio. ¿Si ya tuvieron una mala experiencia de que esa zona era inundable, por qué vuelven a la misma? Son culpables de su propio destino y no merecen ser ayudadas. Estas personas que se instalan en dichos lugares lo hacen por dos motivos: porque les queda más cómodo ese céntrico lugar, por un lado, y para provocar que se las ayude y/o que se les dé una vivienda en otro lado, por el otro. Cuando el Estado ayuda a estas personas deberá aclararles que es la última vez y si insisten en permanecer no solamente no se las ayudará sino que se las penalizará por interponerse al curso natural del agua. Ahora ya sabemos dónde se puede construir, y dónde no se debe permitir construir. Los propietarios que viven en esos lugares, si quieren quedarse, son los que en mayor medida deben de contribuir, a que se hagan, si es factible, las obras necesarias para el escurrimiento de las aguas. Si allí edificaron dado que era más económico el precio del terreno por ser inundable, no nos engañemos, y pongamos las cosas en su lugar, ellos deben contribuir en máxima medida a la ejecución de las obras que sean factibles realizar. No es justo que los que se ubicaron en lugares más costosos por seguros se tengan que hacer cargo del pago de las obras necesarias para sanear los lugares donde nunca se debió construir. De lo anteriormente expuesto se desprende que son los políticos y funcionarios los principales responsables sobre quienes debe recaer todo el peso del problema. No me he enterado de ninguna ayuda personal de esos personajes, ni siquiera de lo que disponen para hacerlo. Por eso yo propongo que por un año por lo menos no se les liquiden más esos fondos especiales y los mismos se dispongan para ayuda efectiva para el pueblo afectado y para realizar las obras necesarias .
