Además de sumarme a las legítimas quejas, quiero revisar las razones y responsabilidades que nos condujeron a la situación actual. Las razones son obvias y aceptadas por todos: falta de inversión, pero las responsabilidades son difusas por la complejidad del problema. Hay responsabilidades de los gobiernos nacionales y provinciales votados y no votados, como también de los empresarios privados de todo origen. Hemos pasado por todos los modelos regulatorios posibles, desde el monopolio estatal con empresas públicas, hasta el actual modelo concebido con la participación de empresas privadas, pero con cortes en todos los casos. Las crisis energéticas se producen por ruptura del equilibrio entre la oferta y la demanda, pudiendo ser cualquiera de ellas la causante. La última crisis ocurrida durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue causada por la pérdida de capacidad instalada de la oferta debido al deterioro de sus instalaciones de generación. La situación actual es diferente porque se llega a ella tras un crecimiento sostenido de la demanda energética, debido al crecimiento de la economía productiva global resultante de una política intencionalmente establecida, que no ha sido acompañado con las inversiones en distribución necesarias para mantener el equilibrio entre oferta y demanda. Si bien el problema sigue siendo la falta de inversión en la oferta, la misma se concentra en la distribución concesionada a empresas privadas como Edenor y Edesur en Capital Federal o a empresas públicas como la EPE en Santa Fe. Las crisis energéticas han sido el disparador de la discusión sobre si el Estado debe o no prestar por sí mismo los servicios públicos. Cuando la crisis sucede con el Estado como prestador, gobierno de Alfonsín, se favorecen las condiciones para una privatización como la realizada durante el gobierno de Carlos Menem. En todos los casos queda claro que el problema es la falta de inversión del prestador, sea éste público o privado. La ventaja que tienen para sí los privados es que se pueden retirar del negocio cuando no les convenga, pero como el Estado es quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, su responsabilidad es ineludible y de última instancia debiendo hacerse cargo del incumplimiento de los privados. En un país como el nuestro que vive sometido a una disputa por la distribución de la riqueza entre los poderes establecidos sin necesidad de elecciones y los sectores populares, con alternancias en el poder, es muy difícil garantizar las condiciones durante los plazos requeridos por la inversión privada internacional para prestar servicios públicos.
