"Llegamos a un juicio en el que se perdieron 19 elementos de prueba"

"Se han llevado a cabo actuaciones que están más allá de los parámetros de legalidad establecidos para protección de todos los ciudadanos y por tanto esas violaciones nos afectan a todos. No solo a mi cliente que es acusado en este caso", sostuvo el abogado Raúl Superti, uno de los letrados del verdulero Martín Santoro, que será juzgado a partir del lunes próximo por lo que se conoce como crímenes de barrio Parque.

Si bien hubo varios detenidos durante la investigación, incluyendo a sus tres hermanos, Santoro llega a juicio como el único imputado por tres crímenes ocurridos en 2010. El homicidio de Susana García de Giménez, hallada muerta, el 27 de mayo, en su casa de Riobamba al 3000. Además, está acusado de haber matado a Concepción Lavore, el 19 de febrero, en Suipacha al 2400, y al jubilado José Savini, el 13 de marzo en su domicilio de Zavalla.

Santoro está acusado del delito más grave del Código Penal: homicidio críminis causa, el que se comete para asegurar y encubrir otro ilícito, en este caso un robo. Fue detenido el 5 de junio de 2010 cuando salía de su casa de Villa Gobernador Gálvez. En su poder se hallaron objetos de dos de las víctimas: un celular, unas cremas importadas y un perfume Givenchy pertenecientes a García, y un acordeón de Savini.

Durante la pesquisa fueron detenidos los tres hermanos menores de Santoro. Federico y Cristian pasaron 48 días presos hasta que el 8 de abril pasado fueron sobreseídos. En tanto Gustavo fue arrestado en octubre de 2011, liberado 45 días después y en agosto de 2012 la Cámara Penal ratificó la falta de mérito.

Esta causa se distinguió por un trámite accidentado en el cual se puso en cuestión el accionar de la jueza de Instrucción María Luisa Pérez Vara que fue ratificada al frente de la causa por la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

—¿Qué irregularidades denunciaron del proceso?

—Hubo actos de injerencia ordenados por la jueza sin que existieran suficientes elementos previos para su realización. Un acto de injerencia es cuando el Estado avanza sobre derechos o garantías constitucionalmente protegidos. Un allanamiento o una intervención telefónica son actos de injerencia. Por lo tanto el sistema prevé que eso solo es posible si un juez lo autoriza. Lo importante no es la firma de alguien que tenga sello de juez sino que ese alguien debe evaluar racionalmente si existen motivos previos suficientes para la realización del acto. Porque si no la intimidad de todos nosotros está en manos de cualquier funcionario policial que pide allanar o intervenir un teléfono. Los parámetros utilizados para habilitar esos actos no han sido constitucionalmente válidos. Cada vez que hay un secuestro de un elemento físico destinado a servir como prueba, el que lo secuestra tiene que tener cuidado y asumir compromisos de conservacion para evitar que la evidencia se vea afectada y también asegurar de que haya identidad entre cosas secuestradas y cosas eventualmente llevadas a juicio. La cadena de custodia fue violada reiteradamente. La última es una denuncia formulada por el secretario del juzgado de Sentencia Nº2 (donde se tramita el juicio oral) de que faltan cosas.

—¿Qué cosas faltan?

—Faltan elementos secuestrados como un par de zapatillas, cuchillos y bolsas de nailon. Son 19 elementos que fueron secuestrados en distintos allanamientos. Tres años después de comenzada la causa hay objetos que teóricamente habían sido secuestrados por la policía y aparecen ahora en lo que se llama una nueva investigación autorizada por el tribunal. Hubo tres tribunales (Instrucción Nº5), el que manejó la investigación, uno intermedio, que manejó los actos previos del juicio, y un tercero que intervendrá en el juicio. El que lo autorizó es el intermedio (el juzgado de Sentencia) con el aval de la Cámara.

—¿Se determinó como se perdieron esas evidencias?

—Todavía no. No sabemos en qué juzgado se perdieron. Otra de las irregularidades es que el juzgado de sentencia le permitió a la fiscalía realizar una nueva investigación. Entonces salieron en ese momento a querer cotejar zapatillas que hace tres años que la tenían secuestradas y ahora no saben dónde están. Pelos que hace tres años que tenían secuestrados y no saben dónde están.

—¿Por qué no apelaron el procesamiento de su cliente?

—Nosotros (el otro abogado es Rafael Tamous) dijimos que no íbamos a apelar porque queríamos el juicio, pero a pesar de eso se vencieron todos los plazos procesales y no teníamos el juicio. Cuando correspondía darle la libertad porque no había juicio aparecieron hojas antedatadas del tribunal y de la fiscalía para denegarla. Sin embargo, la Cámara confirmó una prórroga y la Corte (Suprema provincial) dijo que la prórroga era válida y entonces no teníamos posibilidad de ir más allá porque cuando lo dijo (por la Corte) se había vencido la prórroga y entonces era abstracto. Entonces hicieron una segunda prórroga que en el código reformado no existe, pero la ordenaron y la confirmaron y nosotros teníamos el recurso de inconstitucionalidad para ir a la Corte. Ahora va a empezar el juicio y se va a transformar en una cuestión abstracta. O sea el tema de la libertad. Nuestro código dice que el plazo para ser llevado a juicio son dos años y se cumplen el 5 de diciembre tres años y medio.

Una turbia cuestión de fechas

La defensa de Martín Santoro recusó en su momento a la jueza María Luisa Pérez Vara. “Advertimos que aparecía en el expediente una actuación judicial y del fiscal Esteban Franichevich que estaban datadas en fecha anterior a nuestro pedido. Entonces denunciamos la irregularidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Penal. Pedimos la nulidad y el tribunal admitió que había incurrido en un error material. Estamos hablando de una fecha límite. No recuerdo los días exactos. Pero si el día 6 era nuestro pedido, la solicitud de prórroga que debe ser anterior al vencimiento aparecía con fecha 5 y había sido con fecha 7. La fiscalía nunca admitió que había incurrido en ese mismo error. Por lo cual es inexplicable lo que ocurre en el expediente porque aparece la decisión que hace lugar a un pedido con fecha anterior al pedido en sí. Recusamos a la jueza, pero la Cámara rechazó la recusación y entonces la jueza siguió entendiendo”, señaló Superti.

Los familiares de las víctimas y la querella sostienen que los otros hermanos Santoro no llegaron a juicio porque la investigación fue deficiente. “Si creen eso lo tienen que charlar con los que investigaron. Yo creo que la investigación fue irregular e ilegal. Si el querellante cree eso pudo haber impulsado aquellas medidas que les parecieron útiles, pero decir ahora después de tres años y medio que la investigación fue deficiente es bastante llamativo. Parecería que están diciendo no tenemos elementos para sostener nuestra posición y por lo tanto nos amparamos en destacar nuestra responsabilidad con otros”, amplió el defensor.