A Susana Silva le remataron la casa la semana pasada. No sólo es su única propiedad, sino que además vive allí desde hace 40 años. La deuda la contrajo su marido con el ya quebrado banco Caseros, pero ahora una financiera transformó los 7 mil pesos originales (la misma cifra en dólares por entonces) en 240 mil pesos. La mujer quiso pagar algo menos de la mitad, pero no aceptaron y la vivienda se subastó. Ella, sus hijos, nietos, vecinos e integrantes de la Concejalía Popular organizaron ayer un abrazo solidario en la propiedad de barrio Ludueña Norte, de donde Susana no se quiere ir. “Estamos intentando evitar el desalojo”, afirmó Nire Roldán, de la Concejalía Popular, y volvió a marcar “la necesidad de que la Legislatura suspenda en forma urgente los remates de viviendas únicas”.
La historia que llevó al remate a la casa de Culaciatti 6010 comenzó en el año 90, cuando aún vivía el esposo de Susana y tenía una distribuidora. “El pagaba la mercadería con cheques, quedó con una deuda con el banco Caseros, que era de 7 mil pesos/dólares, porque era la época del uno a uno, pero después el problema siempre fueron los intereses, no el capital de la deuda, siempre los intereses eran inmensos”, recordó la mujer.
Su marido murió hace ocho años y el banco quebró, pero una financiera compró el paquete de la deuda y años después la reclamó. Según explicó el titular de la Concejalía Popular, con esta modalidad, y sólo de esta entidad crediticia, existen más de 700 causas en toda la provincia.
Para Susana, la situación es “una pesadilla”, y lo repite sin poder evitar el llanto. “El abogado me decía que iba a frenar el remate, me decía que estaba en Tribunales para frenarlo, pero a las 14.30 la casa se subastó”, contó la mujer.
El trámite se hizo el 27 de octubre y se concretó pese a que Susana había ofrecido pagar cien mil pesos sobre una deuda total de 240 mil que reclamaba la financiera.
“No quisieron saber nada con negociar, querían que les diera cien mil y otros 20 mil mensualmente, ¿pero cómo junto 20 mil pesos por mes si soy jubilada?”, se preguntó la mujer, que vive allí desde hace 38 años y ahora ocupa la casa con una de sus hijas y sus dos nietos.
La situación generó desde la Concejalía Popular una convocatoria que ayer reunió a vecinos, organizaciones sociales e incluso se invitó al juez que entiende en su causa, con el objetivo de evitar el desalojo de la familia.
“Sabemos que esta no es una compra de buena fe, sino el fruto de la especulación de una financiera. Por eso sabemos que el magistrado no puede volver para atrás y deshacer un hecho jurídico, pero sí hay que buscar una salida alternativa para que la vivienda pueda volver a manos de la familia a un precio razonable”, explicó Roldán.
Otros casos. La Concejalía Popular advirtió que sólo con el quebrado Banco Caseros SA y la financiera que compró la deuda de esa entidad, son más de 700 los expedientes que hay que en la Justicia provincial. Por eso viene reclamando una nueva ley que frene los remates de viviendas únicas (ver aparte) y hace pocas semanas explicó que en total son más de cinco mil las propiedades santafesinas en riesgo de ser subastadas.
El problema reapareció con la salida de vigencia de la ley provincial 13.116 que, aprobada en agosto de 2010, suspendía los remates de viviendas únicas y que establecía un procedimiento especial en la Justicia para los deudores.
Sólo en la Concejalía Popular atendieron en lo que va de este año el reclamo de unos 50 deudores que ya tenían sentencia firme de remate. Y en 15 casos se lograron frenar las subastas, en algunos incluso se alcanzó un convenio de pago.
