Las Naciones Unidas y S&P, dos caras de la puja financiera

El gobierno argentino se anotó en la semana una importante victoria diplomática con la aprobación, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la resolución que establece los principios para la restructuración de la deuda soberana.

La resolución no es vinculante ni tiene efectos inmediatos en el pleito que sostiene el Estado nacional con los fondos buitre en el juzgado de Thomas Griesa. Pero esa situación lejos está de mellar la importancia histórica de esa votación, lograda por amplia mayoría, un año después de haberla propuesto como tema de debate.

El acontecimiento fue ninguneado por la farándula de analistas de la city, más atentos a la cotización del dólar en el mercado ilegal y adoradores de otro tipo de hitos, como el megacanje de Fernando de la Rúa o el otorgamiento del título de Investment Grade por parte de las calificadoras de riesgo crediticio. Las mismas que pasaron de largo en el inicio de la crisis financiera desatada en 2007, la mayor desde el año 30.

Mala pasada le jugó esta adicción religiosa al gobierno de Dilma Rousseff, que sufrió el disciplinamiento de esa elite financiera, justo en la misma semana en que la ONU votaba el principio por el cual una minoría capciosa no puede poner en riesgo las reestructuraciones de deuda soberana. La resolución establece, además, que estas reestructuraciones deben tener como guía la sostenibilidad, el crecimiento y la inclusión.

En la asamblea general, la instancia más democrática y equitativa de la ONU, los representantes de las 136 naciones que acompañaron la propuesta fogoneada por la Argentina, apostaron fuerte a la construcción política para dar un paso, como dijo el ministro Kicillof, hacia “un mundo mejor y en paz, un mundo libre de buitres”.

Es un camino, ciertamente, de largo plazo, trabajoso y, desde el punto de vista de la inmediatez, algo abstracto. En todo caso, tan nebuloso como podría pensarse hace más de veinte años la existencia del G-20 o la emergencia del grupo Brics.

Para relativizar el impacto de la votación del jueves, cierta doxa razona distinto a nivel internacional que a nivel interno. Invalidan el voto del jueves porque la asamblea general no es una mera escribanía del pequeño y poderoso grupo de potencias que impulsó el voto en contra.

En este caso, esa minoría selecta parecería ser la que vale.

Es claro que la construcción política de un nuevo equilibrio financiero sufre el impacto directo de las acciones de facto por parte de la comunidad de negocios.

El golpe que S&P le aplicó a Brasil, al bajar un escalón la nota crediticia por la que tanto había luchado el pais vecino, tuvo para los agentes financieros un efecto inmediato similar al de un mercado al borde del default.

El real se derrumbó, el Banco Central tuvo que salir a vender dólares masivamente para evitar una corrida mayor, y la propia presidenta debió prometer que profundizará las medidas de ajuste de la economía, responsables de que su economía se contraiga 2% durante 2015.

Entre la política del consenso en la ONU y el hachazo fáctico de las calificadoras de riesgo se desenvuelve la actual etapa de la puja distributiva a nivel mundial.

Una puja que se reproduce a nivel interno, que en el marco del nuevo proceso electoral, pone en juego la institucionalidad económica de la posconvertibilidad.
Con el aire de estos nuevos tiempos, se realizó el jueves la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para debatir quién es el titular del derecho de huelga en un conflicto, si el colectivo de trabajadores o el sindicato. Detrás de lo que parece un interés académico se encuentra no sólo un conflicto concreto, el del despido de un grupo de trabajadores del Correo, sino una estrategia institucional a futuro.

Está en juego la mirada jurídica sobre la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a pelear más allá de las directivas de las burocracias sindicales.

Una estructura funcional a la estrategia de regresión en la distribución del ingreso que promete la nueva oleada conservadora. Ya lo dijo el economista Carlos Malconian, en un informe conocido la semana pasada: el problema del tipo de cambio en Argentina es que el salario en dólares está demasiado alto.

Pocos dudan respecto de cuál será el bolsillo que sangrará en la próxima etapa. Y no caben demasiadas especulaciones sobre los consensos que expresan los tres principales candidatos a presidente.

El oficialista Daniel Scioli, y sus enviados, sigue recorriendo el interior dando señales a los empresarios de provincias de que va a desandar políticas atornilladas por la actual administración. Sobre todo, en materia del sector agropecuario.

Es algo más que una agenda relacionada con el sector “productivo”. Forma parte de una nueva “agenda federal” que entusiasma a los gobernadores, con un reparto más equitativo de los recursos federales y las perspectivas de un mayor protagonismo y nuevos acuerdos.

En ese marco parece inscribirse también la renacida polémica por el déficit de la Caja de Jubilaciones en la provincia.