El Senado provincial dio ayer sanción definitiva a la ley marco de lucha contra la trata de personas en Santa Fe. La iniciativa promueve la creación de una estructura para investigar y prevenir situaciones de esclavitud y tráfico de individuos con participación de profesionales de distintas disciplinas. Además, el Ejecutivo deberá difundir las implicancias de este delito y los derechos de las víctimas, aun cuando hayan prestado presunto consentimiento.
En la última sesión del período extraordinario, la Cámara alta convirtió en ley un proyecto presentado por la diputada Alejandra Vucasovich, presidenta del Bloque Federal. "Es una normativa de avanzada que ubica a Santa Fe a la vanguardia de la legislación para combatir este flagelo social", ponderó la legisladora.
Vucasovich celebró el "amplio consenso generado alrededor de este proyecto, ya que los distintos partidos lo suscribieron y además el gobernador Antonio Bonfatti lo remitió a la Legislatura dentro del temario de sesiones extraordinarias, donde sólo se pueden debatir iniciativas giradas por el Ejecutivo provincial".
La iniciativa promueve "la adopción de medidas destinadas a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas respetando sus derechos humanos, el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima y la cooperación entre Nación, provincias, municipios y comunas".
La diputada del Bloque Federal destacó: "Dotamos al gobierno de una herramienta para combatir este flagelo, para que en conjunto con la Justicia podamos ser ejemplo en el país y ser la primera provincia que implemente las barreras necesarias para llegar con la prevención antes que el delito, en donde además de la prostitución forzada, se pueda trabajar el tema de tráfico de niños, tráfico de órganos y otros más conexos".
El texto señala que "el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad del Estado provincial respecto de la contención, asistencia y protección de los derechos".
Asimismo, se establece que "las personas víctimas de trata serán protegidas y su seguridad garantizada, aun cuando pudieran ser responsables de otros hechos cometidos bajo violencia física o moral que inhiba la capacidad de libre determinación".
Para Vucasovich, "lo más importante es que se crea una Secretaría para la Lucha contra la Trata de Personas que actuará de manera preventiva, haciendo investigaciones, intentando de llegar antes que se cometan estos delitos".
Habrá además una Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas que "deberá contar con profesionales especializados, como abogados, médicos, psicólogos, traductores y asistentes sociales", para aportar datos que permitan seguir la ruta del delito.
Vucasovich apuntó que "según la Oficina Internacional del Trabajo en un informe publicado en 2005, Latinoamérica y el Caribe tienen 1.320.000 víctimas de trabajo forzoso, de las cuales 118.800 lo son de explotación sexual comercial".
La legisladora recordó que la "Organización Internacional paras las Migraciones en su informe sobre la Argentina en 2007, describió a Santa Fe como uno de los tres principales distritos de captación de mujeres para explotación sexual".