El caso del padre Julio César Grassi generó una situación insólita en la Justicia, donde pese a ser confirmada en dos instancias su condena a 15 años de prisión, siguió gozando hasta ayer de la libertad, en un derrotero judicial que aún no tiene fin.
El 10 de junio de 2009 el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón condenó a 15 años a Grassi por "abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado, dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada".
No obstante, y pese a los pedidos de las tres querellas y el fiscal Alejandro Varela, Grassi pudo seguir en libertad hasta anoche porque el tribunal entendió que no debía ir detenido hasta tanto ese fallo quedase firme.
En cambio, le impusieron una libertad vigilada que implicó determinadas reglas de conducta como el no ausentarse de su domicilio, no hablar de las víctimas del caso en público y la prohibición de ingresar a la Fundación Felices Los Niños donde ocurrieron los hechos y a metros de la vivienda donde actualmente vive el religioso.
Las querellas y la fiscalía apelaron y en septiembre de 2010 la Cámara de Casación bonaerense confirmó la condena. Pese a lo que se preveía y tal cual ocurre en la mayoría de los casos, Grassi pudo permanecer en libertad.
Ello porque Casación confirmó la condena pero la ejecución de la pena la dejó en suspenso para que sea ordenada por el tribunal que hizo el juicio, el cual no tomó en ese momento la decisión pedida por las querellas y la fiscalía.
En el medio, Grassi recibió la noticia de que resultó sobreseído por otra causa por corrupción de menores que tenía en su contra en Santa Cruz, luego de más de ocho años de investigación.
El 7 de marzo de 2012 el Tribunal Oral criminal 1 de Morón dispuso la detención de Grassi: consideró que violó la libertad vigilada al hablar en los medios de las víctimas del abuso.
Luego fue el mismo tribunal el que le otorgó la prisión domiciliaria, pero después fue beneficiado y liberado por la Cámara hasta que el miércoles último Casación confirmó la orden de detención en virtud de haber violado la libertad vigilada.
Y anoche el tribunal dio por concluido el beneficio de la libertad morigerada, dispuso la inmediata detención del cura y su alojamiento en la cárcel de Ituzaingó, partido bonaerense que pertenece a la misma diócesis donde el sacerdote cumplía su tarea pastoral.
Por Fermín Sanchez Duque
