La Justicia Civil y Comercial frenó el avance del proyecto de construcción de cocheras subterráneas que actualmente se debate en el Concejo. La decisión de la magistrada Susana Gueiler es en respuesta a una presentación realizada hace más de un mes por un grupo de vecinos bajo el paraguas de la ley 10 mil de intereses difusos. Por entonces, además de aceptar el planteo, la jueza había dejado en suspenso el plan oficial hasta tanto el municipio hiciera su descargo. Ahora emitió un resolución que no impide, sin embargo, que la discusión continúe en el cuerpo, pero es taxativa en cuanto a que no podrá realizarse ningún proceso licitatorio hasta que se dirima la cuestión de fondo. Paradójicamente, la Intendencia también trazó una interpretación a su favor y elevó un informe circunstanciado como respuesta.
La construcción de tres grandes cocheras bajo las plazas San Martín, del Foro (frente a Tribunales provinciales) y de un sector adyacente al Distrito Centro generó fuertes polémicas desde su primer debate, nada menos que en la última sesión del Concejo previa al recambio de autoridades en diciembre.
La controversia desbordó el recinto y con el correr de los meses fue involucrando a distintos actores: vecinos, organizaciones sociales y ambientalistas, empresarios, comerciantes y urbanistas. Se escucharon férreos argumentos de oposición y menos voces a favor, pero nada pareció disuadir al oficialismo.
Fue entonces, a fines de mayo, cuando un grupo autodenominado Vecinos por la Plaza decidió recurrir a la Justicia para frenar el proyecto de las cocheras (con especial preocupación por la propuesta para la San Martín) amparándose en la ley 10 mil.
Con el patrocinio de Jorge López Mirosevich, la presentación recayó sobre el Juzgado Civil y Comercial Nº 18, a cargo de Gueiler. Y ahora esa magistrada acaba de ordenar al municipio, sin desmedro de que la iniciativa se siga debatiendo en el Concejo (impedirlo, argumentó, sería una "intromisión inadmisible" del Poder Judicial sobre el Legislativo), "evitar la ejecución del proceso licitatorio y, consecuentemente, del proyecto para la construcción de cocheras subterráneas en las ubicaciones cuestionadas".
Es una medida provisoria, hasta que se llegue a una sentencia definitiva, pero en principio los vecinos se mostraron satisfechos con la primera resolución.
López Mirosevich sostuvo que "la Municipalidad ya hizo su descargo y ahora el tribunal, evaluando una cosa y la otra, dictó una resolución donde le ordena que suspenda la ejecución de ese anteproyecto hasta que termine el juicio".
El letrado recordó que el grupo de vecinos, "interesado en el patrimonio arquitectónico de la ciudad", entiende que el proyecto presentado por el oficialismo "viola la ley vigente".
En lo estrictamente referente al patrimonio, los vecinos solicitan que se realice una pericia arquitectónica para evaluar la posible "afectación que sufrirían los edificios con grados de protección máxima" de los alrededores (por ejemplo, la Facultad de Derecho, la Gobernación, el actual Museo de la Memoria o la sede de la Fundación Prats).
Por eso, López Mirosevich confió en que "posiblemente incluso antes de la feria" la jueza ordene un peritaje arquitectónico, al que "seguramente se sumarían otros de parte".
Paradójicamente, mientras los vecinos se congratulaban por la resolución, la Municipalidad también se sintió favorecida por el hecho de que no suspendiera el debate en el Concejo.
"No es legítimo interrumpir los procesos legislativos propios del Concejo, ya que es este, por mandato popular, el que debe decidir en el trámite de aprobación o rechazo de un proyecto de ordenanza", fue la respuesta oficial que la Dirección de Asuntos Jurídicos elevó ayer al juzgado en el marco de un "informe circunstanciado".
López Mirosevich se mostró sorprendido porque "jamás" solicitaron que el Concejo dejara de debatir el proyecto ("sería anticonstitucional", dijo), aunque frente al panorama confió en que fuera el Ejecutivo mismo el que lo retirara.
