La esencia de la democracia es un sistema de gobierno que garantiza a cada habitante un mínimo de derechos y libertades, lo protege de los abusos del poder, de todo tipo de poder y en consecuencia también protege a las minorías de atropellos de las mayorías. Se organiza a la sociedad mediante una constitución que establece los derechos y garantías básicas, individuales y grupales y planifica al gobierno en una estructura por la cual los gobernantes son elegidos por el pueblo, pero se limita el poder estatal para evitar la arbitrariedad de las autoridades. Para ello en una democracia republicana y liberal según nuestra Constitución el poder estatal se distribuye en tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) cada uno con sus funciones específicas y que se controlan o debieran controlarse recíprocamente para, reitero, proteger a los habitantes de los excesos de los funcionarios amén de procurar el bienestar general. Para asegurar estos objetivos el Poder Judicial debe ser fuerte e independiente tanto de los gobiernos de turno como de cualquier otro tipo de poder o factor de poder (corporaciones, humor social, opinión pública, mayorías circunstanciales) para garantizar la prevalencia de la Constitución de sus derechos y garantías y de las leyes conforme a ella por sobre cualquier interés, ideología o capricho, ya sea de autoridades o de otros tipos de poderosos, en suma para impartir justicia, es decir decidir, sentenciar, que es lo que le corresponde o tiene derecho cada uno de nosotros. Para ello es esencial que la Justicia no esté contaminada ni por la política ni por ninguna ideología ya que su función es eminentemente técnica: resolver los conflictos conforme la ley aplicable rectamente interpretada. Cuando la política entra en tribunales -enseña el refrán- desaloja a la Justicia. ¿La reforma judicial que propugna el gobierno procura esos objetivos? ¿Esa reforma de concretarse resultará en una Justicia más fuerte, más imparcial, más independiente (para ello más despolitizada) y más eficaz? No, todo lo contrario. Me remito a autorizadas opiniones vertidas en los medios que han analizado las iniciativas oficiales. El resultado inexorable de las reformas oficiales será una Justicia débil y sumisa al poder político de turno, es decir una Justicia impotente para cumplir sus fines. Reflexionemos: ¿qué garantía de obtener Justicia tendrán particulares o asociaciones que litiguen contra el Estado o contra amigos del poder político si los jueces dependen para su nombramiento, remuneración o remoción del arbitrio del Ejecutivo o bien tendrán las manos atadas o sus facultades limitadas por normas que les impide o entorpece dar Justicia? Tengamos esto muy en cuenta cuando votemos. Nuestro porvenir y el de nuestros hijos y nietos dependen del acierto de nuestra elección.
