¿Y la distribución del ingreso, para cuándo?

El argumento central del gobierno nacional para justificar el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz es que es un instrumento para buscar equidad en la distribución del ingreso (“Les pido que me ayuden a ablandar el corazón de algunos que quieren todo y no entienden que es necesario mejorar la distribución del ingreso”, repite la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner). Por un lado, afirman que esta medida buca evitar que el aumento de estos productos en el exterior afecten los precios internos y por el otro lado que el dinero extra recaudado se destinará a los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero ya pasaron dos meses desde que se realizó este anuncio y lo único que el gobierno por ahora ha distribuido son conflictos a lo largo y ancho del país.

En concreto, desde que se desató este conflicto al gobierno nacional no se le ocurrió ninguna otra medida, ningún gesto, ninguna señal para los sectores más pobres de la población en sintonía con lo que es una política de distribución del ingreso.

Los precios de los productos, principalmente los comestibles, siguen subiendo. Y si realmente se quiere luchar contra la pobreza, ¿por qué no se dispone una sustancial rebaja del IVA a los productos de la canasta básica? El IVA es un impuesto injusto, donde el rico paga lo mismo que el pobre, y por el otro lado en Argentina también es distorsivo, porque iguala artículos de lujo como una cartera Louis Vuitton con un paquete de fideos.

Justamente, Argentina es uno de los países del mundo donde más se grava con IVA a los alimentos y medicamentos, por lo que hace de su sistema tributario uno de los más inequitativos. En el país casi todos los comestibles pagan la tasa general del 21 por ciento (sólo las verduras, frutas y carnes tienen una reducida del 10,5).

En cambio, en todos los países desarrollados los alimentos y medicamentos son considerados bienes sensibles y tienen una alícuota diferencial. Por ejemplo, en Reino Unido la tasa general de IVA es de 17%, pero la de alimentos va del 0 al 5%; Suecia, la general es de 25%, la diferenciada para alimentos entre 0 y 6%; Alemania, la general 16%, la reducida 7%; Francia, la general es de 19 y la diferencial de 5,5; España, 16% la general, la de alimentos entre 4 y 7%. Incluso la mayoría de los países latinoamericanos tienen alícuotas más bajas para los comestibles que la Argentina: Venezuela 11%, Colombia 7%, Perú 16%, Ecuador 12%, Chile 18% y México 0%.

Una disminución de la alícuota del IVA para los alimentos afectaría positivamente el costo de la canasta básica y reduciría instantáneamente la cantidad de pobres e indigentes. La pérdida de ingresos fiscales por esta rebaja se compensaría justamente con este polémico aumento de las retenciones y porque al subir el ingreso real de los sectores más pobres se reforzaría el consumo y la recaudación del propio IVA.

Si desde un principio el incremento de las retenciones hubiera diferenciado a los pequeños productores de los grandes, y si simultáneamente se hubieran anunciado medidas para favorecer el bolsillo de los que menos tienen, seguramente el escenario político del país sería otro. Muy distinto al que vemos hoy en las tensas rutas argentinas.