Los vecinos inundados del 19 y 20 de diciembre pasado concurrimos a la sesión del Concejo Deliberante del 17 de abril y, pese a la buena noticia de la aprobación de proyectos referidos a obras, estudios hídricos y resarcimientos, lamentablemente de parte del oficialismo no tuvimos sorpresas. Luego de haber ido en vano el 26 de marzo a una fallida reunión de Comisión de Presupuesto por falta de quórum (tal vez adelanto de Semana Santa), recibir la promesa en las dos siguientes reuniones de que sendos cuartos intermedios eran “para encontrar un punto de acuerdo” y, finalmente, la no expedición de ningún dictamen (aprovechando su mayoría en esa comisión), la triste postal que apreciamos desde la tribuna del Concejo fue la de nueve bancas vacías. Si algo caracteriza a los concejales oficialistas, que aprovecharon el buen tiempo del miércoles para su esparcimiento, es la coherencia de su conducta: de la inundación en Rosario lo mejor es no hablar. Los entendemos: para ellos es muy difícil explicar que, de un presupuesto municipal de 3.716 millones de pesos (incrementado por la moratoria), no se pueden destinar 16 millones para resarcir a los afectados que tuvieron hasta 1,80 metro de agua en su domicilio, habiendo antecedentes positivos de reparaciones en la ciudad y, ni hablar de otras ciudades. Es muy difícil explicar que están cuidando el dinero público cuando le pretenden dejar como herencia a sus sucesores un juicio irremontable, que incluiría no sólo los costos judiciales (que pueden ser gigantescos por los peritajes) sino el daño moral, el abandono de personas (esas que apenas distinguieron desde el helicóptero las autoridades de la ciudad y la provincia), los lucros cesantes y la devaluación de los terrenos que harían de esos 16 millones un precio de oferta. Es muy difícil explicar que a cuatro meses la respuesta técnica sea unos papelitos hechos en una oficina a los que llaman “informe preliminar”, que no incluyen siquiera una medición de las alturas que alcanzó la inundación en las diferentes zonas o una recorrida completa (o al menos de una cuadra) por los casi tres kilómetros del Emisario 10. Y es muy difícil de explicar que a ese “informe” (la señora intendente lo ha llegado a llamar “estudio” en algún medio) le atribuyen el valor de elemento de prueba para desvincular de responsabilidades a esta gestión. Es muy difícil explicar que la “generosidad” de estos concejales consiste en subsidiar (no mucho) la tasa de una línea de créditos, negada como todo tipo de ayuda a los pocos días de ocurrida la inundación y ofrecida cuatro meses más tarde como parte de su “negociación”; cuando muchos vecinos ya hemos tenido que recurrir a otros bancos, siendo ellos más generosos que nuestros representantes. Es muy difícil explicar que la intendente a la que intentan proteger, a través del silencio y la indiferencia hacia nosotros, tardó 55 días (más una hora que llegó tarde) en recibirnos y, luego de prometernos una reunión cada 15 días, organizó una segunda reunión recién al mes en la que nos dejó plantados “por su nutrida agenda” (agenda en la que no figuramos). En la tercera ocasión se fue a la mitad del encuentro. El denominador común de estas conversaciones, a pesar de nuestra predisposición al diálogo: ninguna propuesta de solución. Para ellos, que se enteraron de la inundación a través de los medios, es más fácil hablar de circo mediático y de vecinos usados, que explicarnos qué hacen, hicieron o piensan hacer por nosotros. A lo mejor deberían explicarnos por qué, con lo que salvamos de la inundación, entre otras cosas, les estamos pagando el sueldo.
