Un instituto privado de Rosario que brinda capacitación y cursos en investigación criminal, fue condenado por la Justicia a resarcir con casi 50 mil pesos a un ex alumno, a quien al finalizar la carrera de criminalística no le otorgó el título oficial. La sentencia corresponde a una de las nueve demandas iniciadas en 2012 contra la institución.
El Instituto Vucetich de Rosario (Corrientes 2190) recibió una severa advertencia del juzgado Civil y Comercial Nº 15, a cargo de Eduardo Cadierno, en virtud de haber transgredido normas básicas referidas a la publicidad, al derecho del consumidor y a la lealtad comercial.
El caso se judicializó en abril de 2012, cuando Leandro C. y otros nueve ex alumnos _entre ellos cuatro policías_ demandó a la institución por daños y perjuicios bajo los alcances de la ley del consumidor.
Es que luego de cursar durante tres años, entre 2008 y 2011, invertir tiempo y dinero (cuotas, material de estudio y matrículas anuales) y aprobar la carrera de perito en Investigación Criminal, no pudieron obtener el título oficial habilitante que promocionaba y se había comprometido a otorgar el establecimiento, circunstancia en la que consideraron que se configuró un claro incumplimiento contractual.
También demandaron a la Provincia de Santa Fe, al considerar que el organismo encargado de la fiscalización técnica de los establecimientos educativos privados no hizo un control efectivo de la oferta educativa, lo cual generó en los aspirantes la falsa sensación de que los diplomas tenían aval oficial.
El 24 de febrero pasado, y bajo la resolución Nº 276, Cadierno condenó al instituto privado. En una resolución de 32 carillas, dice que fue responsable de los hechos, ya que incurrió en publicidad "engañosa e incumplimiento del deber de información", según las ley 24.806 de publicidad de enseñanza privada y de lealtad comercial, Nº 22.802.
En la sentencia, el magistrado considera que existió "mala fe" en el procedimiento del Instituto Vucetich, a quien condenó a resarcir al alumno por daño material (gastos y pago de cuotas) con 3.040 pesos, por daño moral con otros 15.000, más 30.000 pesos por daño punitivo.
Este último rubro tiene un carácter sancionatorio y preventivo, y busca evitar que el proveedor de servicios (en este caso la institución) reincida en su conducta. En cuanto al Estado, el juez lo desligó de responsabilidad al entender que los damnificados no agotaron los reclamos administrativos previos al juicio.
Sigue ofertando. El representante legal de los ex alumnos, el abogado Fabio Cerutti Sacco, destacó la decisión del juez. "Lo principal es que hay que advertir a la gente que este instituto tiene alumnos y sigue ofreciendo y dictando cursos, pero sus títulos no tienen habilitación oficial del Ministerio de Educación de Santa Fe", recalcó.
Aunque conforme con la resolución, adelantó que apelará el fallo respecto al rol de la Provincia. "No estamos conformes con esta parte de la sentencia. El ministerio advirtió al instituto de que no siguiera ofreciendo la carrera, pero nunca lo controló y con ello no tuteló el derecho de gente damnificada", puntualizó.
Ingresos ilícitos
“Con la mala publicidad o la omisión de ella, el instituto ha obtenido ingresos ilícitamente”, dice el juez al otorgar el resarcimiento.
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