El orden institucional en Argentina está quebrado. La Constitución permite tantas interpretaciones como abogados y políticos populistas o socializantes hay en el Congreso, y las leyes que se dictan están diseñadas con esos matices. La autocracia presidencial da órdenes al Congreso, que la mayoría oficialista acepta aún violando la Constitución; cajonea, o deforma las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y presiona a jueces. El último escándalo fue proponer como procurador general de la Nación a un abogado sin idoneidad. Chávez, Correa, Morales, y Ortega utilizan la democracia para acceder al poder y, mantenerse en él con la corrupción, hasta destruir la democracia. Salvador Allende, elegido por una minoría electoral del 36,6 por ciento, buscó resquicios legales para imponer su pretendido orden social; generó violencia y fue derrocado con el rechazo de la sociedad. El gobierno que lo sucedió reordenó Chile convirtiéndolo en un país próspero. Hoy, es ejemplo en Latinoamérica. El gobierno argentino también viola derechos, pero su objetivo es generar tensiones sociales, ampararse con el poder y lucrar con la corrupción. Solo dejará pobreza y violencia social.
