El Vaticano investiga a un cura de Paraná

El Vaticano inició una investigación propia, paralela a la judicial, para analizar las acusaciones sobre pedofilia contra el ex prefecto del Seminario Menor de Paraná, Justo José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos 50 seminaristas de entre 10 y 14 años entre 1984 y 1992.

Las actuaciones están a cargo del vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, quien analiza el testimonio de una de las víctimas que ya declaró ante la Justicia de Entre Ríos por los supuestos abusos.

Bovero confirmó a la prensa que, a pedido del Vaticano, inició hace más de un mes la investigación, que "no es un juicio sino una instrucción previa" y que "lo instruido lo devuelvo a la Santa Sede".

Bovero es párroco de la iglesia Sagrada Familia de la localidad de Santo Tomé y docente en el Seminario de Santa Fe y en la Universidad Católica de esa provincia.

"Las decisiones las toma la Santa Sede y después las ejecuta a través del obispo de cada lugar", aclaró.

A fines de agosto pasado la Justicia concluyó que los delitos que se le imputan al sacerdote Ilarraz estaban prescriptos.

La sala primera de la Cámara del Crimen de Paraná concedió el recurso de casación en la causa que investiga la denuncia contra el cura, luego de que la Cámara del Crimen rechazara el fallo de primera instancia del juez de Instrucción Alejandro Grippo, y determinó la prescripción.

Ahora, la sala penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que integran los vocales Claudia Mizawak, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia, deberá convocar a una audiencia pública en la que se debatirá la apelación.

El recurso de casación fue presentado por el fiscal Martin Cotorruelo, quien reprochó el apresuramiento de la Cámara en cerrar la investigación, al declarar la prescripción, sin aguardar a que se dilucide cuántos hechos ocurrieron y hasta qué período de tiempo se extendieron los abusos.

Protesta. El fiscal aseguró que los camaristas firmaron la resolución "sin efectuar un examen integral y profundo de los hechos imputados" ya que soslayaron "ponderar no sólo su gravedad y complejidad, sino también otras particularidades que afectan la determinación del marco temporal".

Cotorruelo pidió la casación luego de que los camaristas Hugo Perotti y Miguel Giorgio declararon prescripta la causa y dictaron el sobreseimiento del sacerdote, a pesar de que en primera instancia, el juez Grippo consideró que no correspondía la prescripción y siguió investigando el caso.

Los querellantes y fiscales insisten en que la causa no puede prescribir porque el cura violó los derechos humanos de las víctimas, todas menores de edad, que no tuvieron la oportunidad de acudir a la Justicia por el ocultamiento que la iglesia local hizo del caso.

En ese sentido, plantearon la existencia de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece revertir fallos sobre prescripción de casos emblemáticos, como el asesinato del joven Walter Bulacio a manos de un grupo de policías en 1991.

El caso, que tomó estado público en septiembre del año pasado, nunca fue comunicado por el entonces arzobispo de Paraná, monseñor Esteban Karlic.