Sólo el pedido de preferencia solicitado por el diputado radical Juan Francisco Casañas, presidente de la comisión de Medio Ambiente, ejercido como un último manotazo, puede lograr que Diputados dé tratamiento a la ley de residuos electrónicos este miércoles cuando venza su período ordinario.
Pero lo más probable es que la iniciativa del legislador opositor no prospere y la norma pierda estado parlamentario quedando para una futura e indefinida oportunidad, pese a haber obtenido media sanción del Senado de la Nación.
La preferencia de Casañas es el último recurso porque la ley careció del despacho de una de las tres comisiones por las que transitó: tuvo dictamen en las de Industria y de Medio Ambiente pero se trabó en Hacienda, presidida por el kirchnerista Roberto Feletti.
Activistas de Greenpeace recorrieron los despachos de los legisladores y comprometieron el apoyo del radicalismo, el FAP (Frente Amplio Progresista), Peronismo Federal y PRO a la solicitud de Casañas. Pero si no obtiene la adhesión de parte del Frente para la Victoria (FpV) el esfuerzo será vano.
Un chequeo realizado por La Capital entre unos 10 legisladores arrojó que la norma muy difícilmente se trate. La mayoría dio prácticamente por descartada dicha posibilidad.
Greenpeace. La coordinadora de Tóxicos de Greenpeace, Lorena Pujó, dijo a este diario que los grandes fabricantes de pilas y las empresas nucleadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) son las que ejercen la mayor presión y tejen el fuerte lobby para que Diputados no trate la ley.
La norma —tal cual salió del Senado— obliga a las firmas de tecnología a solventar la recolección y el reciclado de los productos, que actualmente y como de costumbre son depositados en los rellenos sanitarios de las grandes ciudades junto al resto de la basura.
En Europa y países avanzados el reciclado está legislado desde hace unos años, "por lo que las empresas fabricantes actúan con un doble estándar", dijo Pujó: "Reciclan en una parte del planeta y se despreocupan en otra".
"Por el tipo de sustancias con que está compuesta, la basura electrónica es una bomba tóxica en los rellenos sanitarios. Las pilas contienen mercurio, plomo y cadmio; depositadas junto al resto de los residuos esas sustancias son arrastradas hacia las napas, contaminándolas gravemente", explicó la militante ambientalista.
Con relación a los celulares, señaló que los aparatos "contienen 500 sustancias químicas" pero que como contrapartida favorable "son en un 95 por ciento reciclables", por lo que es de absoluta negligencia dejar que sean tirados así no más.
Unos 10 millones de celulares se descartarían por año en el país.
El total de la basura electrónica, según estimaciones no oficiales, sería de 120 mil toneladas por año, algo así como la carga de cuatro buques graneleros de los que pasan frente a las costas de Rosario.
"No hay cifras oficiales pero es lo que se estima", señaló Pujó. "Es el momento de sacar la ley porque el recambio de aparatos se acelera y la montaña de basura electrónica va a crecer de manera exponencial en los próximos años".
En 2011 se descartaron en Argentina más de un millón de computadoras. De 2005 a 2009 se vendieron 11 millones de televisores y se cree que en los próximos cuatro años los hogares incorporarán otros 10 millones de plasmas, según estimaciones de los ecologistas de Greenpeace.