La expropiación del parque nacional Sierra de Las Quijadas por parte de una ley de la provincia de San Luis generó críticas, rechazos y la decisión del gobierno nacional de presentarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir una medida cautelar que impida esa acción.
El 28 de julio último, la Cámara de Diputados de San Luis convirtió en ley la decisión del ejecutivo provincial de “restituir” al pueblo huarpe las 75 mil hectáreas que tiene el parque nacional Las Quijadas, creado en 1991 por una ley que cedía jurisdicción a la nación y la correspondiente norma federal.
“Fuimos a la Corte Suprema a presentar una medida cautelar que impida o suspenda este tema que es de una gravedad enorme”, dijo José Manuel Ubeira, Jefe de Gabinete de la Administración de Parques Nacionales (APN) respecto de la sorpresiva medida adoptada por San Luis.
Al mostrarse esperanzado que el supremo tribunal (que entiende en los litigios entre la nación y las provincias) se pronuncie esta semana, Ubeira recordó que en diciembre de 2008 la APN consiguió frenar una ley de Misiones que le daba el manejo del sector del parque nacional Iguazú.
Rubén Neira, intendente del área protegida nacional, dijo que “el ministro de Turismo, Leonardo Agnessi se comprometió a no generar acciones violentas o invasivas”.
“El parque, ubicado al noroeste de la provincia, se halla a 120 kilómetros de la ciudad capital provincial, tiene 16 empleados, un presupuesto operativo de 1.300.000 pesos anuales y un crédito internacional por 800 mil pesos”, precisó Neira. Además aseguró: “Desde hace siete años logramos prestigio”.
“El objetivo del gobierno de San Luis para expropiar el parque es restituirlo a sus ancestrales y originarios pobladores, la nación Huarpe, para la preservación y manejo”, explicó. Y advirtió: “Acá no hay ninguna comunidad, ni adentro ni afuera del parque”.
Resaltó que “a los pueblos originarios se los reconoce por sus luchas, pero en San Luis el gobernador creó por ley comunidades huarpe y ranquel”.
Por su parte, Ubeira dijo que “es una forma bastarda de proteger sus derechos utilizar un pueblo aborigen de la zona como medio” y sostuvo que “los parques nacionales no son patrimonio de un pueblo aborigen sino de toda la nación”. (Télam)
