Por Nicolás Maggi
Pioneros. Los condominios del Alto, en Puerto Norte, fueron uno de los primeros lugares en instalar los cercos eléctricos
Mientras la ciudad vive un recrudecimiento en los hechos de inseguridad, un proyecto presentado en el Concejo promete reavivar una fuerte polémica, ya que propone legalizar los cercos electrificados de protección. El argumento es que, debido al incremento de los robos a la propiedad, es una práctica ya existente que es utilizada para desalentar los hechos delictivos y es necesaria su regulación, hoy inexistente. Sin embargo, algunos la discuten.
El concejal Carlos Cardozo volvió a la carga con la legalización de estos cercos, luego de que en 2021 la misma iniciativa quedara neutralizada por otra de Ciudad Futura que buscaba prohibirlos. Ninguno de los dos se aprobó y perdieron estado parlamentario, así que el edil de Juntos por el Cambio reingresó el texto en un marco de crisis por una ola de delitos y escruches en domicilios, instituciones y comercios, con la intención de “llenar el vacío legal” que hoy existe respecto de su utilización.
El cerco eléctrico es un dispositivo de seguridad conformado por un alambrado o conjunto de hilos metálicos conectados a una batería de 12 voltios por los cuales circula electricidad, destinado a propinar una descarga a quienes entren en contacto con él. También puede brindar la posibilidad de activar un sistema de alarmas, con o sin monitoreo. Según especifica el proyecto, sus características técnicas evitan que cualquier persona quede “pegada” a él.
La propuesta contempla que estos tejidos de seguridad, los componentes que integren sus sistemas, la forma en que sean instalados y su señalización cuenten con la certificación extendida por la autoridad de aplicación, que serán las secretarías de Planeamiento, Gobierno y Control y Convivencia. Estas áreas deberán determinar qué materiales pueden ser utilizados, el voltaje de descarga permitido, la altura de colocación y demás especificaciones de acuerdo a parámetros y estándares que garanticen condiciones seguras de uso y reduzcan la siniestralidad.
Sin perjuicio de eso, el texto determina que la altura mínima a la que deben estar emplazados los cercos eléctricos de seguridad, será de 2,20 metros contados desde el nivel del suelo, y dispone que la instalación, reparación, mantenimiento y remoción sólo podrá ser llevada a cabo por quienes cuenten con la habilitación correspondiente extendida por la autoridad de aplicación de acuerdo a los requisitos que ésta determine.
En tanto, dispone que todas las instalaciones de cercos eléctricos de seguridad comprendidos en las disposiciones de la presente ley, ya existentes en la ciudad al momento de su dictado, deban adecuarse a sus disposiciones dentro de los 120 días de su reglamentación.
Como dio cuenta recientemente La Capital, además de en la zona de Puerto Norte, la primera donde surgieron, las “barreras de disuasión” ahora se están instalando en toda la ciudad. Recientemente, desde una empresa dedicada a la venta de insumos de seguridad electrónica indicaron que hay un “boom” de ventas de cercos eléctricos para proteger las casas.
La preocupación de los vecinos los llevó a redoblar los esfuerzos para cuidarse y así es como buscan mejorar los sistemas que protegen sus viviendas o comercios. Esto hizo que la venta de cercos eléctricos haya crecido considerablemente en 2023. Colocar un equipo para una casa de 10 metros de frente oscila entre $110 mil y $120 mil.
“Como pasa con todo en la ciudad, las cosas empiezan a instalarse sin normativa, la política no se pone de acuerdo, y la gente y el sentido común van poniendo las cosas en fila”, señaló Cardozo. En ese sentido, pidió considerar “que los accidentes fatales causados por cercos eléctricos ocurren cuando sus instalaciones o componentes son defectuosos (conexión directa a la red eléctrica de 220 voltios) o son realizadas por personas no calificadas para hacerlo”.
El proyecto tiene dos antecedentes de 2021: uno del exconcejal Roy López Molina y otro del diputado provincial Walter Ghione, y dos iniciativas destinadas a prohibirlos, una de Ciudad Futura en el Concejo de Rosario (2021) y una anterior de la exdiputada Alicia Gutiérrez en la Legislatura santafesina (2015). Ninguna prosperó, y eventualmente perdieron estado parlamentario. Por esa razón Cardozo insiste en el Palacio Vasallo con su reingreso.
Las dos presentaciones regulatorias planteaban que muchos particulares ya habían optado por recurrir a este tipo de barreras, dado que no están expresamente prohibidas, se encuentran disponibles en el mercado y tanto electricistas como empresas prestan el servicio de conexión. Por eso, ante lo que calificaban de “vacío legal”, consideraban importante definir los parámetros para su colocación, manipulación y remoción a los fines de prevenir daños y accidentes.
Las que estaban destinadas a prohibirlas, en cambio, sostienen que el hecho de regularlos no solo permitiría su existencia legitimada, sino que, además, indirectamente, fomentaría la colocación de más cercos. “Los cercos electrificados no brindan protección a la ciudadanía, sino que por el contrario refuerzan la fragmentación social y espacial, fomentando las divisiones entre sectores sociales y reproduciendo así sus consecuentes niveles de violencia”, rezaba la propuesta de Ciudad Futura, que los calificaba como “instrumentos reñidos con la legalidad y las garantías constitucionales”.
Por último, el texto consideraba necesario “abrir un debate acerca de los límites de la seguridad privada, ya que estos sistemas tienden a adecuar la seguridad a la lógica del mercado, haciendo que deje de ser un bien público para convertirse en un bien al que sólo acceden los sectores de mayores recursos”.