Un suboficial mayor de la policía rosarina fue detenido bajo la acusación de haber cometido el crimen de un joven en junio de 2013, en el barrio Empalme Graneros y en medio de una persecución desarrollada tras un allanamiento judicial. El cabo que lo acompañaba en aquel momento y que también está siendo investigado en la causa, permanece con pedido de captura después de los infructuosos esfuerzos hechos por las autoridades de la Dirección de Asuntos Internos y de la Unidad Regional II para dar con su paradero.
El detenido es el suboficial mayor Raúl A., quien el viernes a última hora se presentó a trabajar en su lugar de destino y quedó detenido a disposición del juzgado de Instrucción 12, a cargo de Mónica Lamperti.
Todo empezó el 6 de junio de 2013 cuando cinco policías que iban a allanar un domicilio de Olavarría 1224 bis, con una orden emitida por el juzgado de Instrucción 11, advirtieron que un joven escapaba por la ventana de la casa. Dos de los efectivos lo persiguieron a la carrera por la costa del arroyo Ludueña. A pesar de que el muchacho trató de escudarse aferrándose a un vecino, los hermanos de éste lo echaron a los golpes y lo obligaron a seguir corriendo. Fue hasta que uno de los efectivos le efectuó un disparo que le dio en la nuca, lo hizo caer al agua y le provocó la muerte. La víctima fue identificada como Marcelo Gustavo Lares, de 20 años, a cuyo hermano habían ido a buscar los uniformados con la orden de allanamiento. El hecho, en aquel momento, no tuvo difusión periodística. Y un sumario realizado en la Jefatura local arrojó entonces que los policías “no habían actuado en forma abusiva ni ilegítima”.
Trámite lento. La causa recayó en el juzgado de Instrucción a cargo de Mónica Lamperti. En el expediente comparecieron testigos, hubo armas secuestradas y peritadas, se incorporó el informe de autopsia y se tomó declaración informativa a los policías intervinientes. Pero con toda la prueba sobre la mesa no se adoptó ninguna resolución.
Sin embargo, a partir de una instrucción del procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, que a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal instaba a activar las causas donde están implicados policías, el fiscal Luis Schiappa Pietra sacó el expediente de la oscuridad. También la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad provincial promovió que la investigación se reactive revocando el sumario realizado en la Jefatura y exigiendo una nueva investigación.
En ese marco, y según lo publicado por La Capital en su edición del jueves, a pedido del fiscal fueron citados a declarar el suboficial mayor Raúl A. y el cabo Claudio R., quienes integraban la patrulla que persiguió y dio muerte al chico Lares en la ribera del arroyo Ludueña, a la altura de calle Olivé, la mañana del 6 de junio de 2013.
Tres tiros. En el expediente los testigos dijeron haber escuchado tres disparos y uno de esos tiros le dio en el cráneo al pibe haciéndolo caer al agua, de donde lo sacaron una hora después los bomberos. También extrajeron del lecho del arryo un revólver Bersa calibre 22 largo que, según la pericia, no era apto para disparar. Sobre ese arma, al menos dos testigos dijeron no haberla visto en poder de Lares cuando se enfrentaron a golpes con él para que no tomase a uno de sus hermanos como escudo.
A la hora de hacer sus descargos, el suboficial mayor A. admitió haber disparado contra el joven y el cabo R. lo corroboró”: “Yo tenía mi pistola reglamentaria y tiré al piso un tiro. Después escucho dos tiros más que tira mi compañero”. Y ambos dijeron que fue para repeler la agresión armada de Lares en su huida. Pero para el fiscal eso es extravagante: los testigos dicen que Lares no llevaba armas, afirman que escucharon tres disparos que son los que admiten haber hecho los policías y el arma hallada no era apta para abrir fuego. “Con todo eso la coartada del enfrentamiento murió antes de nacer. No hay elementos para encuadrar la conducta de los agentes en el marco de una conducta justificada”, dijo Schiappa Pietra, para quien todo se trató de “una ejecución sumaria” y pidió la detención de ambos.
El viernes a la tarde, finalmente, el suboficial Raúl A. quedó detenido en la alcaidía de Jefatura, mientras al cabo Claudio R., quien está de licencia, lo fueron a buscar en tres oportunidades a su casa y aún no lo hallaron por lo que permanece en calidad de prófugo.
